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Venezuela, 10 de Septiembre 2026, Pensar Educativo, https://www.elnacional.com

Ante las constantes violaciones que el régimen, a través del Ministerio de Educación, pretende imponer a los educadores venezolanos, desde el equipo editorial de Pensar Educativo nos vemos en la obligación de exponer que no vamos a ser víctimas del chantaje político, y mucho menos de permitir que se imponga de manera taxativa la voluntad de unos pocos sobre la mayoría de los educadores. Por ello, hacemos del conocimiento de la opinión pública las siguientes irregularidades que Héctor Rodríguez ignora, manipula y trasgrede:

1. Violación abierta del ordenamiento jurídico vigente El Reglamento del Ejercicio de la Carrera Docente y el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación estipulan de forma taxativa que el inicio formal del año escolar y sus actividades lectivas corresponde únicamente al primer día hábil de la segunda quincena del mes de septiembre. Pretender imponer convocatorias fuera del marco normativo mediante lineamientos informales constituye un abuso de poder y una franca contravención a la seguridad jurídica que protege al trabajador de la enseñanza.

2. Planteles en ruinas y colapso de servicios básicos La realidad de las escuelas no se maquilla con discursos. La abrumadora mayoría de los planteles educativos del país se encuentra en un estado de abandono sistemático: edificaciones sin agua potable, sistemas eléctricos colapsados, techos perforados, baños inoperativos y aulas desprovistas de mobiliario mínimo. Obligar a la presencia física en estas condiciones vulnera el derecho a un ambiente de trabajo sano y digno para los docentes, exponiendo además a una situación de extrema vulnerabilidad a los niños y adolescentes.

3. Desprotección sísmica e irresponsabilidad estructural sin aval técnico Resulta de extrema gravedad que, tras los eventos sísmicos registrados en diversas regiones del país, las autoridades pretendan llenar las aulas sin contar con una evaluación técnica, peritaje e inspección estructural previa avalada por el Colegio de Ingenieros de Venezuela y los cuerpos de Protección Civil. Convocar a la población estudiantil y docente a infraestructuras agrietadas o potencialmente vulnerables sin un dictamen profesional de habitabilidad es una negligencia que pone en riesgo vidas humanas.

4. Indefensión y desmantelamiento de recursos pedagógicos El docente venezolano ha sido abandonado a su suerte en el ejercicio de su profesión. Las instituciones carecen de materiales pedagógicos esenciales, reactivos de laboratorio, mapas, bibliotecas actualizadas, herramientas tecnológicas y textos escolares aptos. La labor educativa se sostiene hoy sobre el bolsillo agotado del maestro, quien debe financiar de su escaso haber los insumos básicos para impartir contenidos.

5. Pulverización del salario y desmantelamiento socioeconómico No existe moral para exigir la incorporación a las aulas a un gremio cuyos sueldos han sido pulverizados por la inflación y la falta de indemnización laboral. La suspensión arbitraria de cláusulas económicas de las convenciones colectivas, la eliminación de primas y el desconocimiento de los pasivos laborales mantienen al docente en el umbral de la extrema pobreza, forzado a recurrir a la economía informal para sobrevivir.

6. Ausencia de condiciones mínimas y protección integral El Estado ha omitido la garantía de un sistema de seguridad social eficiente para el sector educativo. Sin servicios médicos preventivos en los planteles y sin presupuestos operativos para el mantenimiento diario, la convocatoria resulta una imposición vacía que desatiende la integridad física y mental de toda la comunidad escolar.

Exigencias a las autoridades educativas:

• Apego irrestricto a la ley: Respetar los lapsos y calendarios legalmente establecidos en la normativa docente y en la Ley Orgánica de Educación.
• Peritaje de infraestructura: Exigir la intervención inmediata y el aval por escrito del Colegio de Ingenieros sobre las condiciones estructurales de cada plantel antes de cualquier llamado a las aulas.
• Dotación y presupuesto real: Proveer insumos pedagógicos, equipamiento tecnológico y partidas de mantenimiento directo a las escuelas.
• Restitución de derechos laborales: Discutir y firmar una Convención Colectiva justa que devuelva al docente un salario digno y seguridad social integral.

El magisterio venezolano se mantiene firme, unido y movilizado en defensa de sus derechos laborales, de la seguridad de sus alumnos y del respeto absoluto a la legislación vigente.

¡Sin salario digno, sin infraestructura segura y sin respeto a la ley no hay educación posible!

Fuente: https://www.elnacional.com/columnas/2026/09/el-ano-escolar-docente-comienza-el-16-de-septiembre/