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Por Cristina Herranz

El nuevo protocolo estatal prioriza la protección de la víctima y responde a las demandas de asociaciones y entidades educativas, especialmente en aspectos como quién debe asumir el traslado de grupo o de centro educativo.

El debate sobre quién debe cambiar de clase o abandonar el centro educativo en situaciones de acoso escolar —si la víctima o el agresor— ha sido durante años una de las grandes controversias del sistema educativo. En muchos casos la solución pasa por cambiar de centro por acoso escolar, pero los expertos coinciden en que esta decisión genera una evidente revictimización. Así lo corrobora también el nuevo protocolo de prevención y actuación frente al acoso propuesto recientemente por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que aconseja mantener al menor afectado en su grupo o centro. 

¿Quién debe trasladarse cuando hay acoso?

Ante esta cuestión, el documento es claro: no se debe trasladar automáticamente a la víctima, ya que la prioridad es garantizar su seguridad y bienestar dentro del entorno educativo. Solo en situaciones excepcionales —y siempre con el consentimiento de la familia— podría contemplarse un cambio. Al mismo tiempo, se abre la puerta a aplicar medidas correctoras más contundentes al agresor, incluyendo cambios de grupo, suspensión de asistencia e, incluso, traslado de centro en los casos más graves.

Este planteamiento atiende una demanda histórica de psicólogos, expertos jurídicos o entidades como APAE (Asociación Española Prevención Acoso Escolar): en su mayoría abogan por evitar que quien sufre el acoso abandone su entorno, amistades y rutina, ya que esto supondría una doble penalización y una ‘victimización secundaria’ que castiga al acosado.

En esta misma línea, comunidades como Aragón y Andalucía han comenzado a adoptar medidas acordes con las nuevas directrices, evitando trasladar a la víctima del centro, fomentando la rapidez en la actuación (24 horas o plazos muy reducidos), favoreciendo una mayor coordinación institucional y, ante todo, situando en primer plano la importancia de la detección temprana y el acompañamiento psicológico. 

Un marco de referencia global frente al acoso

El nuevo protocolo busca, asimismo, unificar criterios en todo el territorio –considerando las peticiones de las entidades del ámbito educativo– y reforzar la respuesta de los centros ante situaciones de bullying, introduciendo un cambio relevante: la prioridad es la protección integral del alumnado que sufre acoso. Además, integra a las familias como pieza clave en la prevención y la intervención y se organiza en torno a ocho puntos: 

• Detección y comunicación: cualquier miembro de la comunidad educativa o agentes externos como servicios sociales que detecten una posible situación deben comunicarlo inmediatamente a la dirección del centro.
• Inicio del protocolo y medidas cautelares. 
• Recogida de información y evidencias (especialmente digitales).
• Análisis y toma de decisiones.
• Notificaciones inmediatas: a las familias, a otros miembros de la comunidad educativa o, en su caso, a agentes externos, en un máximo de 24 horas.
• Plan de intervención en un plazo máximo de 10 días.
• Seguimiento y evaluación (mínimo 6 meses). 
• Cierre.

A su vez, parte de la idea de que no todos los alumnos sufren el acoso de la misma manera, ya que el género, la orientación sexual, la discapacidad o el origen pueden aumentar la vulnerabilidad. Y también incorpora un enfoque preventivo y restaurativo: no se trata únicamente de castigar y corregir las conductas contrarias a la convivencia escolar, sino de reparar el daño y reconstruir vínculos. 

Fuente: https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/cambiar-de-centro-por-acoso/