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Por Pensar Educativo

El inicio de cada año escolar en Venezuela ha dejado de ser una fiesta del conocimiento para convertirse en la escenificación de una crisis civilizatoria. Afirmar categóricamente que en Venezuela no existen las condiciones para regresar a clases no es un juicio desmedido ni una consigna partidista; es la constatación empírica de una realidad signada por el colapso de la infraestructura, la pulverización de la profesión docente y la inoperancia de las políticas públicas orientadas al sector educativo.

En primer lugar, la planta física del sistema de educación pública se encuentra en un estado de abandono endémico. Miles de planteles a lo largo del territorio nacional carecen de servicios básicos elementales, así como de redes de agua potable que están colapsadas o inexistentes, electricidad intermitente, baños inhabilitados y estructuras en riesgo edilicio. Exigir la asistencia regular de niños, niñas y adolescentes a espacios que no garantizan condiciones mínimas de salubridad e higiene atenta de forma directa contra los derechos fundamentales a la salud y a la dignidad humana.

En segundo lugar, la crisis del cuerpo docente constituye el núcleo crítico más grave. La pérdida del poder adquisitivo del salario ha desmantelado la profesión académica en todos sus niveles. Con sueldos que no cubren la canasta alimentaria ni las necesidades básicas de transporte, la docencia ha transitado de ser una vocación digna a una actividad económicamente inviable. Esta realidad ha provocado una diáspora docente sin precedentes y un ausentismo estructural, obligando a sustituir la formación pedagógica especializada por soluciones improvisadas que socavan la calidad de la enseñanza.

Finalmente, el deterioro de la logística educativa liquida las posibilidades reales de prosecución escolar. El colapso del transporte público, la falla constante en la distribución de combustible y la paralización del Programa de Alimentación Escolar (PAE) —el cual en teoría debía garantizar la nutrición de los estudiantes más vulnerables— trasladan el costo total del proceso educativo a familias golpeadas por la precariedad económica.

Abrir las puertas de las escuelas sin resolver estas variables estructurales, agravadas en algunos estados por efecto de los terremotos, representa una simulación institucional. El derecho a la educación no se satisface únicamente con la presencia física dentro de un aula, sino con la garantía de un proceso de enseñanza-aprendizaje integral, equitativo y seguro. Hasta que no se restituyan los derechos laborales del magisterio, se recupere la infraestructura pública y se asegure la sostenibilidad logística, el regreso a clases en Venezuela seguirá siendo una quimera insostenible.

Héctor Rodríguez no puede seguir al frente del Ministerio de Educación.

Fuente: https://www.elnacional.com/columnas/2026/08/la-quiebra-estructural-del-sistema-educativo/