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Por Inés Cobelo Cela

El Consejo General de la Psicología en España (COP) ha acogido la presentación del “Pacto de Familias, sin móviles hasta los 16 años”, un acto promovido por la Plataforma Control Z que ha reunido, por primera vez en una misma mesa, a representantes de la psicología, todas las sociedades médicas y científicas, la Fiscalía de Menores y destacadas organizaciones de la sociedad civil para reclamar la incorporación de unas recomendaciones comunes sobre el uso de móviles y redes sociales en la infancia y la adolescencia.

Control Z insiste en la urgencia de introducir cambios en el proyecto de ley de protección al menor, cuyo plazo de enmiendas está a punto de cerrarse. La plataforma defiende tres valores: neutralidad ideológica, evidencia científica y unidad social. Pide modificar el artículo que reconoce el «derecho a la conexión digital efectiva del menor», ya que, sin matices, puede traducirse en la obligación de conectar a los menores desde edades muy tempranas, en detrimento de su desarrollo físico, mental y emocional.

La organización reclama incorporar el «derecho a un neurodesarrollo adecuado» y regular el acceso progresivo a la tecnología, evitando el uso temprano de smartphones y redes sociales por el impacto que tienen en la construcción de la identidad, los valores y las relaciones afectivas de los jóvenes. También solicita incluir responsabilidad penal para las plataformas que fomenten contenidos autolesivos o no verifiquen la edad, así como garantizar transparencia en los patrocinios de la industria digital.

Francisco Santolaya, presidente del Consejo General de la Psicología en España (COP), abrió el acto recordando que se trata del tercer desayuno de trabajo de la Plataforma Control Z, de la que el COP es parte activa.

Santolaya destacó durante sus palabras: la investigación y la práctica profesional en psicología y en otras disciplinas sanitarias están mostrando evidencias preocupantes sobre el uso indiscriminado de dispositivos móviles, especialmente entre menores, y esta realidad “configura un escenario de riesgo para la salud mental”. Compartió la reflexión: “Los smartphones han pasado de ser herramientas a convertirnos a nosotros —y a nuestros hijos— en herramientas de ellos”, citando a Byung-Chul Han, Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.

El presidente de la COP subrayó la necesidad de fijar «unos mínimos razonables y amparados por la evidencia científica» si se quiere proteger el desarrollo y la salud mental de niños y adolescentes, en un contexto en el que los smartphones se han convertido en objetos cotidianos en edades cada vez más tempranas.

La directora de la Plataforma Control Z y exdirectora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, comenzó su ponencia poniendo  el foco en la excepcionalidad de la convocatoria:

«Es la primera vez que sentamos en una sola mesa al Consejo General de la Psicología, todas las sociedades médicas, la Fiscalía de Menores y movimientos tan importantes de la sociedad civil como la Fundación ANAR y Adolescencia Libre de Móviles».

España definió el momento como «estratégico y clave», al coincidir el acto con el cierre del plazo de enmiendas al Proyecto de Ley de Protección a la Infancia en el Entorno Digital. Explicó que Control Z ha mantenido ya reuniones con varios partidos políticos y reclamó que la norma incorpore las recomendaciones avaladas por la evidencia científica y que tienen en cuenta la perspectiva de la salud mental, neurodesarrollo y desarrollo de la personalidad de niños y jóvenes: «No entendemos cómo una ley para proteger a los menores en el mundo digital no incluye la perspectiva de salud», afirmó.

Entre las enmiendas que defiende la plataforma, España señaló como especialmente preocupante el artículo que consagra el “derecho a la conexión digital efectiva del menor”, «sin matices». Frente a ese enfoque, Control Z propone reconocer un nuevo derecho:

«Estamos pidiendo que se regule un nuevo derecho del que no se habla: el derecho a un neurodesarrollo adecuado», defendió España, recordando que la Constitución protege derechos fundamentales como la vida, la integridad física y moral, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la educación orientado al pleno desarrollo de la persona. España señaló que «en la ley tenemos ya el marco, pero si no se incluyen estas medidas que estamos proponiendo desde las sociedades científicas y médicas con un sólido rigor objetivo y científico, desde luego va a ser un brindis al sol y no va a incorporar realmente la garantía de los derechos fundamentales que se recogen en la Constitución.”

Mar España insistió en que Control Z no es contraria a la tecnología, sino a su uso precoz e indiscriminado: «Estamos a favor de la tecnología y de la alfabetización digital, pero de una manera moderada y progresiva, como pasa en todos los demás ámbitos de la vida».

En ese contexto, España lanzó uno de los mensajes más contundentes de la jornada:

«Ya ha quedado claro desde la evidencia científica que la entrega de un smartphone a edades tempranas solo va a producir problemas: ideas suicidas, adicción, problemas de salud física, problemas de salud mental e impacto en el neurodesarrollo y en el desarrollo de la personalidad».

Y apeló de forma directa a las familias y a los responsables políticos alegando que proteger a la infancia en el mundo digital es esencial para garantizar su desarrollo y preservar una etapa vital irremplazable. Piden a los partidos políticos que incorporen las enmiendas propuestas, basadas en la evidencia científica y respaldadas por las sociedades médicas y científicas, psicología, Control Z y sociedad civil: «Tenemos que conseguir ese clima social para que las familias se conciencien de que no se puede dar una pantalla con barra libre digital a edades muy tempranas o un acceso a redes sociales».

María Salmerón: «Espero que cuando la sociedad despierte y empiece a proteger a la infancia y a la adolescencia ya no sea demasiado tarde»

En representación de las sociedades científicas integradas en Control Z intervino María Salmerón, presidenta de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia.

Salmerón recordó los datos del último estudio liderado por UNICEF y el investigador Antonio Rial:

• A los 10 años, el 41 % de los niños y niñas en España dispone ya de un dispositivo propio.
• A los 12 años, el porcentaje asciende al 76 %.
• En la ESO, «prácticamente todos», el 92,8 %, tienen un smartphone, con una edad media de acceso de 10,8 años.
• El 92,5 % participa en al menos una red social y el 75,8 % en tres o más.

En cuanto a las motivaciones familiares para entregar el móvil, explicó que la presión social y el miedo al aislamiento son determinantes, pero matizó: «La presión social puede ser revertida. En una clase, el raro puede ser el que no tiene teléfono… o puede ser el que lo tenga si la mayoría de los niños no lo tienen».

Sobre los efectos de la entrega temprana, Salmerón citó estudios comparativos que muestran diferencias «abrumadoras» entre quienes reciben su primer smartphone a los 11 años o antes y quienes lo hacen a partir de los 13: uso más intensivo, acceso precoz a contenidos inapropiados y mayor exposición a conductas de riesgo, desde el contacto con desconocidos hasta el uso problemático de medios digitales.

La conclusión fue tajante: «La pantalla desplaza los hábitos de vida saludable: el sueño, la alimentación saludable, las relaciones sociales cara a cara, el contacto con la naturaleza, el ejercicio físico… Todo esto ya sabemos que afecta a la salud mental, a la salud física y al neurodesarrollo».

Y lanzó una advertencia: «La salud, el neurodesarrollo, la sociedad tal y como la conocemos, está en juego». Los niños y adolescentes no necesitan servicios digitales, necesitan una sociedad que les muestre la grandeza del ser humano, que les permita desarrollar su máximo potencial, que les quieran, que les miren a los ojos y que les cuiden», añadió.

Salmerón reclamó legislación que obligue a que los servicios digitales estén diseñados por defecto para proteger a la infancia y pidió que se priorice el derecho a la salud frente a un mal entendido “derecho a la conexión digital”: «Es curioso que esté encima de la mesa una ley que defienda el derecho a la conexión digital y que no esté reconocida por la Constitución, pero sin embargo no se defienda el derecho a la salud». Concluyó su ponencia expresando: «Espero que cuando la sociedad despierte y empiece a proteger a la infancia y a la adolescencia ya no sea demasiado tarde».

El director técnico y portavoz de la Fundación ANAR, el psicólogo Benjamín Ballesteros, aportó la perspectiva la organización. En 2023, señaló, la fundación ayudó a 18.348 menores en situación de riesgo, tras gestionar cerca de 290.000 peticiones de ayuda entre llamadas y chats. Según un estudio de su Centro de Estudios e Investigación, el 56,4 % de todos estos casos tenían un componente de tecnología. El mal uso de la tecnología estaba presente, señaló.

En el ámbito de la salud mental, la situación es igualmente preocupante: «La conducta suicida fue el principal motivo de llamada el año pasado, con 5.153 casos. De éstos,  el 61,7 % tuvo un componente de mal uso de la tecnología». Ballesteros también destacó el aumento del ciberbullying, cuya prevalencia se ha duplicado en un año, concentrado en la franja de 11 a 14 años. Los canales más habituales son WhatsApp, Instagram, TikTok y, de forma creciente, los videojuegos. Además, alertó del uso de inteligencia artificial por parte de agresores: un 14,2 % reconoce haberla utilizado para dañar a compañeros, mediante vídeos falsos, suplantación de identidad o manipulación de mensajes de voz.

Entre las propuestas, ANAR subraya la necesidad de:

• Prohibir totalmente el uso de smartphones en los centros educativos.
• Aplicar de forma efectiva la edad mínima de 14 años de la normativa de protección de datos.
• Reforzar el apoyo psicológico a menores y asegurar que las líneas de ayuda estén presentes y visibles en todos los colegios a través del coordinador de bienestar.

La neuropsicóloga Marina Fernández, coordinadora estatal de Adolescencia Libre de Móviles (ALM), explicó el origen del movimiento: un pequeño grupo de familias en un parque de barrio en noviembre de 2023 que, en apenas un año, se ha convertido en una red de unas 30.000 familias en toda España.

ALM se define como un movimiento diverso —familias de centros públicos, privados, concertados, religiosos y no religiosos— unido por un objetivo común: «La protección de nuestros niños y adolescentes». Fernández insistió en que no se trata de una plataforma “antitecnología”: «Entendemos que la tecnología aporta, pero hay que diferenciar mucho cuando un cerebro está en desarrollo y cuando somos adultos», explicó. Mientras llega la regulación, defendió que la medida más preventiva, más comunitaria, más eficaz, y más barata es retrasar el smartphone y empoderar a las familias mediante pactos colectivos que reduzcan la presión social que sienten los menores.

Presentó el mapa interactivo de pactos por barrios y centros educativos, que permite a las familias comprobar cuántos padres han decidido no entregar el smartphone antes de los 16 años en cada curso y centro, y adherirse con un formulario sencillo. Esta herramienta, subrayó, también puede servir como criterio a la hora de elegir instituto.

La fiscal de Sala de Menores del Tribunal Supremo, Teresa Gisbert, cerró el acto recordando que los fiscales de menores están observando en primera línea las consecuencias penales y educativas del acceso precoz a pantallas y redes sociales por parte de menores.

Gisbert respaldó la recomendación de retrasar el acceso a redes sociales a los 16 años porque, según explicó, cada vez son más conscientes de las «graves consecuencias» que el uso indebido tiene en niños y adolescentes: incremento de delitos entre menores, aumento de la violencia, el ciberacoso que no termina al salir del colegio y crecimiento sostenido de los delitos contra la libertad sexual y de violencia de género entre adolescentes.

Uno de los aspectos que más preocupan a la Fiscalía es el acceso precoz y masivo a la pornografía online, que está moldeando la visión de la sexualidad de niños y adolescentes: «Actualmente la pornografía es una fuente de inspiración para los jóvenes», citó Gisbert de un informe de Save the Children, señalando que más de la mitad de los adolescentes cree que les proporciona ideas para sus propias experiencias y que muchos han llevado a la práctica escenas vistas en la red.

La fiscal advirtió de que estas conductas, además de su impacto educativo, pueden tener consecuencias penales, y pidió reforzar la formación en valores, el control del acceso a contenidos y la coordinación entre familias, centros educativos, plataformas y autoridades.

Un llamamiento a la unidad y a la coherencia educativa

La jornada concluyó con un mensaje compartido por todos los ponentes: la necesidad de una respuesta coordinada que combine legislación, responsabilidad de las plataformas, acompañamiento familiar y cambios en el sistema educativo, evitando que la escuela contribuya a sobrepasar las horas de pantalla recomendadas por las sociedades médicas.

Mar España resumió el espíritu del encuentro recordando una frase de Nelson Mandela: «El alma de una sociedad se refleja en cómo cuida y cómo protege a los niños».

Y, dirigiéndose expresamente a las familias y a los responsables políticos, insistió en que España tiene ahora la oportunidad de convertirse en un país “modélico” en protección digital de la infancia, si el futuro marco legal incorpora las propuestas de las sociedades médicas, científicas y sanitarias y si el “Pacto de Familias, sin móviles hasta los 16 años” consigue llegar, como pretende, hasta la última casa del país.

Fuente: https://exitoeducativo.net/francisco-santolaya-pacto-salud-mental-menores/