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Chile, 08 de Septiembre 2026, Por Felipe Balmaceda, https://elpais.com

La democratización del acceso no debe confundirse con la dilución de la exigencia

La existencia de normas formales de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y los requisitos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) buscan establecer estándares institucionales y promover la calidad académica. Sin embargo, cuando los indicadores no miden lo que deberían medir, surgen incentivos perversos que erosionan la calidad.

Los criterios actuales valoran variables vinculadas al capital humano y al funcionamiento institucional, pero la mayoría de las métricas empleadas premian la presencia formal de capacidades más que su calidad. Para satisfacer estas métricas, se observa un desplazamiento desde un modelo de gobernanza académica hacia uno de gestión centralizada. Este exceso de administración del quehacer académico corre el riesgo de desdibujar el valor del capital humano, priorizando métricas de gestión estandarizadas que no siempre logran capturar la complejidad y los tiempos orgánicos de la producción de conocimiento científico de alto impacto. Las prácticas académicas exitosas descansan en mecanismos de evaluación y promoción, desde profesor asistente a titular, de largo aliento basados en la investigación de calidad acorde a la evaluación de ella por pares externos.

La expansión de la oferta de postgrado y de post-graduados ha sido asimétrica en términos de rigor metodológico. El énfasis en la acreditación por volumen ha generado incentivos para la fragmentación del conocimiento. Para salvaguardar el prestigio del grado doctoral y sus doctores en Chile, es imperativo transitar desde una validación basada en la cantidad hacia una centrada en la relevancia y la profundidad, evitando la atomización de la investigación que el actual sistema de incentivos financieros parece involuntariamente fomentar.

A lo anterior se suma la presión por sostener gastos e invertir en infraestructura por razones comerciales y financieras, lo que obliga a algunas universidades a ampliar las matrículas y a disminuir los estándares de admisión. La democratización del acceso no debe confundirse con la dilución de la exigencia. La evidencia sugiere que el ingreso de estudiantes sin las competencias basales necesarias para el rigor universitario genera una brecha que las instituciones difícilmente pueden subsanar sin comprometer sus estándares. Es necesario replantear el esquema de financiamiento hacia uno que premie la calidad efectiva y la empleabilidad real, en lugar de uno basado en la captación de matrícula masiva, asegurando que el esfuerzo fiscal del Estado y de los privados se traduzca en movilidad social verdadera y no solo en una certificación estadística.

Por otra parte, la implementación de la política de gratuidad, al basarse en el financiamiento parcial del costo marginal y al restringir la expansión de la matrícula, ha introducido un estrés financiero estructural en las instituciones. Esto ha alterado la dinámica competitiva, desplazando el foco de la excelencia académica hacia la creación de programas de alto atractivo publicitario, pero con proyección laboral incierta, en un intento de captar recursos adicionales. Paradójicamente, este esquema profundiza la segmentación del sistema: mientras las instituciones de alta selectividad consolidan su posición, el resto se ve forzado a operar bajo una lógica de subsistencia que presiona los estándares de egreso. El resultado es un sistema que arriesga consolidar una brecha socioeconómica a través de titulaciones con asimetrías en su valor de mercado e intelectual. Finalmente, la ausencia de una señal de precios para el estudiante diluye la percepción de los costos de oportunidad, distorsionando los procesos de elección y permanencia académica.

Las consecuencias incluyen un deterioro en la percepción pública de la calidad universitaria, una subóptima asignación de recursos hacia programas con limitado retorno social, y el riesgo de perpetuar brechas socioeconómicas a través del sistema educacional. Para abordar estos desafíos, se propone recalibrar los criterios de acreditación hacia el impacto de la investigación y la empleabilidad efectiva, por sobre las métricas puramente cuantitativas; alinear la acreditación con la relevancia de la investigación más que con su volumen; fortalecer los estándares para la oferta de programas doctorales; repensar el esquema de financiamiento universitario (CAE y gratuidad) hacia un modelo que incentive la excelencia académica; establecer umbrales de competencias de ingreso para el acceso al financiamiento estatal; potenciar la educación técnica superior; y desarrollar vías de acceso diferenciado que permitan a estudiantes destacados en estamentos intermedios como la educación técnica superior demostrar mérito académico para la educación universitaria.

El principio rector es transparente: los resultados reflejan los incentivos del sistema. No es posible financiar un modelo y esperar resultados de otro. Si Chile aspira a un sistema universitario que contribuya al desarrollo nacional y reduzca la inequidad, debe recalibrar sus métricas de evaluación, incorporar criterios tanto objetivos como cualitativos, y establecer un financiamiento que premie la calidad académica verificable. La conducción de una casa de estudios superiores requiere una distinción clara entre la eficiencia operativa y el ethos universitario. Adoptar acríticamente modelos de gobernanza corporativa puede derivar en una deuda histórica con el desarrollo de las ideas. El desafío de la universidad moderna es armonizar la sostenibilidad financiera con la autonomía intelectual y la excelencia que la sociedad chilena necesita con urgencia

Fuente: https://elpais.com/chile/2026-09-08/el-espejismo-de-la-calidad-en-la-educacion-superior.html