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Por Antonio Escarri Angola

Venezuela necesita sembrar nuevamente el petróleo, utilizar sus recursos para financiar la recuperación y reconstruir las condiciones materiales de una vida digna

Hace noventa años, cuando Venezuela apenas comenzaba a comprender la magnitud de la transformación que se abría bajo sus pies Arturo Uslar Pietri escribió el editorial “Sembrar el petróleo”. La frase tuvo una fortuna extraordinaria. Atravesó gobiernos, programas económicos y generaciones enteras hasta convertirse en una referencia casi obligatoria cada vez que el país volvía a preguntarse qué debía hacer con su riqueza. Esa popularidad también tuvo un costo: repetimos tanto la fórmula que, en ocasiones, dejamos de examinar la preocupación que la hizo necesaria. Uslar advertía que un recurso agotable no podía consumirse sin dejar detrás una economía productiva, pero su inquietud iba más lejos. Se preguntaba cómo podía una sociedad administrar una abundancia excepcional sin permitir que ella sustituyera el trabajo, debilitara sus instituciones o terminara organizando toda la vida nacional alrededor del poder encargado de distribuirla.

Vista desde el presente, aquella reflexión conduce inevitablemente a la educación. Durante décadas la tratamos como uno de los posibles destinos de la renta petrolera, una partida social que podía ampliarse en los años de bonanza y reducirse cuando los ingresos disminuían. El orden debía ser exactamente el contrario. La educación era la condición que hacía posible administrar el petróleo con inteligencia, formara los profesionales capaces de dirigir industrias complejas, controlar las decisiones públicas y construir conocimientos que sobrevivieran a las oscilaciones del mercado. Venezuela no necesitaba solamente convertir la renta en carreteras, empresas, hospitales o sistemas de riego; debía formar a las personas que pudieran conservar esas obras, evaluarlas, mejorarlas y crear algo nuevo cuando el ciclo petrolero comenzara a cambiar.

El país se encuentra hoy frente a una paradoja que no admite demasiadas evasiones. Volvemos a discutir la recuperación de la producción petrolera, el desarrollo del gas, la explotación minera y la llegada de inversiones que pueden contribuir a financiar una reconstrucción de enorme magnitud. Es una conversación necesaria. Venezuela no puede renunciar irresponsablemente a los recursos que posee después de años de empobrecimiento y destrucción de capacidades. Pero ese debate ocurre mientras el sistema educativo pierde, de manera cada vez más evidente, la posibilidad de preparar a los venezolanos para participar en las etapas científicas, técnicas y gerenciales de esas mismas actividades. Podemos recuperar la extracción antes de recuperar el conocimiento y terminar ocupando, dentro de nuestra propia riqueza, el lugar más precario.

Durante mucho tiempo medimos la crisis educativa por aquello que podía observarse a simple vista: escuelas sin agua, techos dañados, laboratorios desmantelados, jornadas reducidas y docentes obligados a buscar otros trabajos para poder sostenerse. Todo eso continúa siendo grave, pero ya no alcanza para describir el problema. La Universidad Católica Andrés Bello, mediante su Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea, ha intentado medirlo que ocurre dentro del aprendizaje. El SECEL evaluó, durante el período 2023-2024, más de 6.000 pruebas de matemáticas y más de 5.000 de castellano, con participación de instituciones de Caracas, Miranda, Bolívar, Nueva Esparta, Falcón, Lara y Zulia. No se trata de un censo nacional y la composición de la muestra ―con una presencia importante de colegios privados― obliga a evitar extrapolaciones automáticas, pero esa precaución metodológica no reduce la gravedad de los resultados: el 74,93% de los estudiantes reprobó matemáticas y el 70,64%no alcanzó el nivel aprobatorio en comprensión lectora.

La desagregación por años contiene un dato todavía más inquietante. Entre los estudiantes de quinto año de bachillerato, el 92,85% reprobó la evaluación de comprensión lectora. Conviene explicarlo con precisión: reprobar esa prueba no significa que nueve de cada diez jóvenes sean incapaces de descifrar las palabras escritas. Significa algo más concreto y no menos preocupante: que no consiguieron demostrar las competencias esperadas para reconocer ideas, realizar inferencias, establecer relaciones dentro de un texto y formular una opinión crítica sobre lo leído. Son jóvenes que están a las puertas de la universidad, de la formación técnica o del mercado laboral y que, en su inmensa mayoría, no lograron superar una evaluación sobre una de las capacidades elementales para continuar aprendiendo.

No estamos ante un juicio sobre la inteligencia de nuestros muchachos. Sería profundamente injusto responsabilizar al estudiante por un abandono que comenzó mucho antes de que entrara al salón de clases. Detrás de cada promedio existen niños hijos de madres adolescentes, adolescentes que asisten con hambre, familias que hacen esfuerzos extraordinarios para sostener la escolaridad, maestros que deben impartir asignaturas para las cuales no fueron formados y directores que mantienen abiertas las puertas sin disponer de los recursos indispensables. La severidad debe dirigirse hacia una cultura pública que durante años proclamó la educación como prioridad mientras toleraba la pérdida de docentes, la reducción efectiva del calendario, la desaparición de especialistas y la ausencia de una evaluación nacional transparente que permitiera saber, sin disfraces, qué estaban aprendiendo nuestros niños.

Esas carencias no quedan encerradas en la escuela. Un joven que no desarrolla comprensión lectora tendrá mayores dificultades para interpretar un contrato, distinguir el argumento de una consigna, evaluar una propuesta política o defender sus derechos frente a una autoridad. Quien no adquiere razonamiento matemático queda en desventaja para comprender una factura, analizar una estadística, programar, investigar o ingresar a los oficios técnicos que exige una economía moderna. Por eso la crisis educativa es también una gravísima crisis económica, institucional y democrática. Una sociedad que no comprende adecuadamente la información que recibe se vuelve más vulnerable frente al poder, la burocracia, el mercado y las nuevas formas de manipulación que circulan a través de las tecnologías digitales.

Allí aparece el riesgo de convertir a Venezuela en un simple campo minero. La expresión no pretende descalificar la actividad extractiva ni proponer que el país abandone los recursos que necesita para reconstruirse. Describe una posibilidad muy concreta: que el petróleo, el gas, el oro, el hierro y la bauxita salgan de nuestro territorio, mientras la ingeniería avanzada, las patentes, el procesamiento de datos, los servicios especializados y las decisiones de mayor valor se produzcan fuera de Venezuela. Nosotros aportaríamos el subsuelo y asumiríamos buena parte de los costos sociales y ambientales; otros aportarían el conocimiento y conservarían la porción más importante de la riqueza.

Hace seis años, el saqueo y la quema de la biblioteca del núcleo Sucre de la Universidad de Oriente me llevaron a escribir sobre un “bibliocausto” en Venezuela. En aquel momento, la destrucción podía verse en los libros arrojados al suelo, los estantes robados, la imprenta arrasada, el auditorio incendiado y el Instituto de Oceanografía despojado de muestras, equipos y años de investigación. El lenguaje de ese artículo reflejaba la indignación de quien observaba un ataque visible contra la cultura y la universidad. Hoy expresaría aquella alarma con mayor serenidad, pero no retiraría la preocupación que la originó. La destrucción educativa se volvió menos espectacular y más extensa: ya no está solamente en una biblioteca saqueada, sino en el aprendizaje que no se alcanza, en el maestro que abandona el aula y en el plantel que conserva su nombre mientras va perdiendo su función.

El doblete sísmico del 24 de junio añadió ahora una dimensión material y humana mucho más dolorosa a ese deterioro. Los dos movimientos no encontraron un sistema educativo sólido que hubiese sido súbitamente sorprendido por la naturaleza; actuaron sobre escuelas que, en numerosos casos, ya acumulaban años de falta de mantenimiento, intervenciones incompletas y servicios precarios. La cifra pública más precisa disponible todavía no constituye un inventario nacional definitivo: UNICEF, a partir de información de las autoridades, registra aproximadamente 432 planteles afectados únicamente en el Distrito Capital, cerca de un tercio de todas las escuelas de esa entidad. Las evaluaciones continúan en los demás estados golpeados por los sismos, mientras en La Guaira se han identificado daños escolares en todos los municipios afectados. El total nacional, por tanto, será necesariamente mayor, pero aún no puede establecerse con rigor.

Detrás de esa cifra existen miles de niños y adolescentes que, aunque continúen inscritos en una matrícula, han perdido el lugar concreto donde transcurría su educación. Algunos planteles presentan daños estructurales que impiden un regreso seguro; otros están siendo utilizados como albergues para familias desplazadas y no podrán recuperar inmediatamente su actividad ordinaria. UNICEF advierte que la combinación entre escuelas dañadas y centros educativos convertidos en campamentos temporales puede retrasar el retorno a clases durante el año escolar 2026-2027. Para esos muchachos, la interrupción no significa solamente perder contenidos. La escuela era también rutina, protección, alimentación mínima, encuentro con sus compañeros y una forma de estabilidad emocional en medio de un país sometido, de pronto, al duelo, al desplazamiento y al miedo de las réplicas.

Esa es la parte de la reconstrucción que más angustia debería producirnos. Las paredes pueden ser reparadas y los edificios pueden volver a inaugurarse, pero el tiempo educativo perdido por un niño no se recupera mediante una ceremonia. Cada mes fuera del aula amplía un rezago que ya era profundo antes del terremoto, aumenta las posibilidades de abandono y coloca una carga adicional sobre familias que también intentan recuperar sus viviendas, sus empleos o la vida que tenían antes del desastre. La emergencia exige evaluaciones estructurales independientes, un inventario público de los daños, espacios provisionales de aprendizaje y planes claros para trasladar los refugios sin desatender a las familias damnificadas. Pero también obliga a preparar programas intensivos de recuperación en lectura y matemáticas, acompañamiento psicológico y mecanismos que permitan identificar quiénes están dejando de asistir antes de que la exclusión se vuelva definitiva.

Sería un error reconstruir escuelas más resistentes para devolver a los estudiantes al mismo sistema que no conseguía enseñarles a comprender lo que leían. La seguridad física es indispensable, pero una escuela segura que no produce aprendizaje sigue siendo una institución incompleta. La reconstrucción debe comenzar por el docente, por sus condiciones de vida, por su formación y por la posibilidad real de permanecer dentro del aula. Debe recuperar una jornada escolar con contenido, evaluar los aprendizajes sin convertir los resultados en un instrumento partidista e incorporar a universidades, familias, empresas, organizaciones sociales y comunidades en un esfuerzo que no dependa de un ministro ni se interrumpa con cada cambio político. La educación requiere la continuidad que durante demasiado tiempo le hemos negado.

Noventa años después, continuar la conversación de Arturo Uslar Pietri exige ampliar su pregunta. Venezuela necesita sembrar nuevamente el petróleo, utilizar sus recursos para financiar la recuperación y reconstruir las condiciones materiales de una vida digna. Sin embargo, ninguna siembra será duradera si la República pierde la capacidad de leer, calcular, investigar y pensar por sí misma. La educación no puede seguir esperándola que se estabilice la economía, porque de ella depende la clase de economía que estaremos en condiciones de construir. Tampoco puede presentarse como una consecuencia automática del crecimiento: es la condición humana e institucional que permite convertir el crecimiento en desarrollo y la propiedad del subsuelo en una soberanía verdaderamente ejercida.

El país puede volver a extraer grandes cantidades de petróleo y minerales sin recuperar por ello el dominio sobre su destino. Esa recuperación comienza en un lugar menos visible que un pozo y menos espectacular que una mina: en el momento en que un niño regresa a una escuela segura, comprende lo que lee, razona con números, formula una pregunta y descubre que el conocimiento le permite intervenir en la realidad en lugar de limitarse a obedecerla. Educar la República es, noventa años después, la tarea sin la cual ya no será posible sembrar de verdad el petróleo.

Fuente: https://elpais.com/america/iberoamerica-democracia/2026-08-04/de-sembrar-el-petroleo-a-educar-la-republica.html