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Por Lucía Rubio Marcos

Dannya Estefanny Bravo y Kerly Herrera solo tienen 13 años y ya se han convertido en dos de las voces más firmes y reconocidas de las “Guerreras por la Amazonía”, un colectivo de niñas y adolescentes indígenas que lideran la lucha contra los mecheros que queman gas asociado a la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana.

Dannya tenía 7 años cuando comprendió que la antorcha gigante junto a la que vivía no era parte del paisaje, sino una fuente de contaminación para su comunidad y el medioambiente. La muerte de su padre por cáncer marcó su infancia y fue lo que fortaleció su determinación de alzar la voz frente al Estado.

“Ese gas que está siendo quemado se va al cielo y quien respira ese oxígeno somos nosotros porque no tenemos otra”, explica Dannya en una entrevista con Efeminista.

Kerly, que también inició la demanda cuando tenía 7 años, creció viendo a sus familiares enfermar y desde entonces sostiene que la eliminación de los mecheros no es solo una reivindicación ambiental, sino una cuestión de vida o muerte para las poblaciones locales.

Originarias de la provincia de Orellana, en la Amazonía norte de Ecuador, forman parte del grupo de quince niñas —inicialmente nueve— que en 2021 impulsó una demanda histórica que derivó en una sentencia judicial que ordenaba al Estado a retirar más de 400 mecheros por vulnerar el derecho a la salud y a un ambiente sano. Sin embargo, cinco años después, denuncian que el fallo no se ha cumplido.

Acompañadas por la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT), ahora Chevron, han situado en el centro del debate internacional los derechos de la naturaleza y el derecho de sus pueblos a vivir en un entorno sano y libre de contaminación.

Impacto de los mecheros en la salud

Dannya asegura que los derrames de petróleo provocados por los mecheros llegan a los ríos, donde las comunidades se bañan, lavan ropa y obtienen agua para sus comunidades: “A veces está lleno de petróleo y eso nos causa enfermedades como el cáncer de piel”, afirma, y señala que hay varios casos en su entorno.

Sostiene también que el 72 % de los diagnósticos de cáncer en estos territorios corresponden a mujeres, ya que son ellas quienes realizan con mayor frecuencia tareas como lavar en el río, cocinar y cuidar de la familia, aunque subraya que también hay hombres enfermos, como su padre, que falleció de cáncer.

El líder indígena Juan Enomenga frente a un mechero cerca de su comunidad, en Francisco de Orellana (Ecuador). EFE/ José Jácome

Además, subraya que la falta de servicios básicos agrava la situación: “No tenemos ni un hospital oncológico, ni siquiera agua potable”, explica.

Las familias recogen agua de la lluvia, que, según sostiene, también está contaminada por las toxinas del mechero.

Kerly comparte una realidad similar: “Tomamos agua del río o de la lluvia porque no tenemos agua potable. Y también de la tierra, porque sembramos nuestros cultivos y de eso comemos, entonces nos estamos contaminando”, lamenta durante una entrevista con Efeminista.

Cuenta que su abuela paterna falleció de cáncer y que dos años después su tía murió por la misma enfermedad.

 

Un colectivo indígena de la Amazonía ecuatoriana exige al Gobierno que apague los más de 400 ‘mecheros’ contaminantes. EFE/ Iván Izurieta

La organización tras la lucha

Tras las “Guerreras de la Amazonía” también está la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT), una organización que agrupa a comunidades de seis nacionalidades indígenas —Waorani, Siekopai, Siona, A’i Kofán, Shuar y Kichwa— y a unas 80 comunidades campesinas mestizas de Sucumbíos y Orellana, en la Amazonía ecuatoriana.

La UDAPT nació del histórico juicio iniciado en 1993 contra la petrolera Texaco, hoy Chevron, por el desastre ambiental causado durante décadas de explotación.

Desde entonces, se ha consolidado como un referente nacional e internacional en la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza.

Una sentencia histórica

Desde 2021, la lucha contra los mecheros ha marcado un pulso constante entre comunidades afectadas y el Estado.

El 29 de julio de ese año, la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos ordenó eliminar más de 400 mecheros por vulnerar los derechos a la salud y a un ambiente sano de las poblaciones cercanas. La sentencia fue celebrada como una victoria histórica para las comunidades amazónicas, especialmente para las nueve niñas que impulsaron la demanda.

En 2022, la petrolera estatal Petroecuador inició el apagado progresivo de antorchas, aunque el proceso, según denuncian, avanzó más lento de lo esperado.

 

Personas sostienen carteles en una manifestación frente a la Corte Constitucional, en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

En 2023, el debate sobre el extractivismo cobró fuerza tras el referéndum en el que la ciudadanía votó por detener la explotación petrolera en el Bloque 43-ITT, en el Parque Nacional Yasuní. Ese mismo año, la muerte por cáncer del padre de una de las denunciantes volvió a poner el foco en el impacto sanitario.

En junio de 2024, Petroecuador informó de exportaciones millonarias y del desmontaje de varias antorchas, mientras organizaciones alertaban de que los mecheros seguían activos e incluso habrían aumentado.

A finales de 2025 la petrolera estatal aseguró haber desmantelado 170 mecheros desde 2022, lo que, según dijeron, cumplía con sus objetivos anuales en el proceso de apagar 424 hasta 2030.

Demanda por incumplimiento

Unos meses antes, el 13 de agosto de 2025, ocho niñas y adolescentes de la Amazonía acudieron a la sede de la Corte Constitucional del Ecuador, en Quito, para denunciar que el Estado no había cumplido la sentencia que ordenaba retirar los mecheros por vulnerar los derechos de la naturaleza y de las comunidades.

“El agua vale más que el oro”, “Estamos muriendo por contaminación” o “El fuego de los mecheros es el grito de dolor de la Amazonía”, fueron los lemas de algunas de las pancartas que alzaron las activistas.

La demanda por incumplimiento llegó cuatro años después de que la Corte Provincial de Sucumbíos ordenara eliminar 447 mecheros. Según las jóvenes, lejos de disminuir, el número habría aumentado hasta 486. Por su parte, la petrolera estatal Petroecuador sostuvo que el desmontaje se realizaba de manera progresiva.

Dannya recuerda que la sentencia no solo obligaba a apagar los mecheros, sino también a reparar los daños en salud.

“Tenían plazo hasta el 19 de marzo de 2023 para implementar un hospital oncológico de primer nivel en Lago Agrio, y eso no existe”, denuncia.

Asegura que, por esa falta de atención especializada, muchas personas deben viajar a otras ciudades para recibir tratamiento, pese a que la zona es una de las más afectadas por la contaminación.

Persecución política y llamado internacional

La joven también denuncia presiones en su territorio. Explica que, aunque muchas personas apoyan la causa, otras lo hacen en silencio porque trabajan para las petroleras y temen represalias.

“Les dicen que si nos apoyan, se van. Y no tienen de otra que trabajar de eso, porque no hay otros medios para ganar recursos económicos”, sostiene Dannya.

Además, asegura que ellas también han sido objeto de ataques: “Seguimos con muertes, seguimos con amenazas. Nos siguen diciendo que estamos siendo manipuladas y hay muchos ataques en redes sociales”, afirma.

Pese a ello, insiste en la importancia de que el caso se conozca fuera de su comunidad: “Lo que sí vamos a pedir es que nos ayuden, que nos apoyen y que este caso se haga más viral“.

Kerly, por su parte, también hace un llamado a la comunidad internacional: “Quiero decir que las personas de diferentes países nos apoyen para tener más fuerza y que se logren eliminar todos los mecheros, porque es para el bien de todos, no solo para nosotros“.

Colectivos ecologistas reclaman el desmantelamiento de más de 400 antorchas de gas en la Amazonía de Ecuador. EFE/ José Jácome

Fuente: https://efeminista.com/ninas-petroleras-guerreras-amazonia-ecuador/