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Latin American Female"]

Por Laura de Grado Alonso y Macarena Baena Garrido

Que las personas migrantes quitan el trabajo a las españolas, que reciben más prestaciones sociales o que colapsan servicios públicos como la sanidad son algunos de los bulos más extendidos sobre la población migrante residente en España: narrativas simplificadas que “buscan ejercer miedo” y desvían la atención de problemas estructurales como la precariedad laboral, la crisis de la vivienda o el deterioro de los servicios públicos. Frente a este clima de desinformación, tres mujeres migrantes, Edith Espínola, Almu Lasacre y Catarina Campos, alzan la voz este 8M para cuestionar estos relatos y denunciar cómo los bulos impactan de forma específica en sus vidas.

“La proliferación de los bulos tiene que ver, sobre todo, con ejercer el miedo y con la falta de políticas públicas que protejan realmente a la ciudadanía”, señala Edith Espínola, una opinión que comparten Lasacre y Campos.

España es un país históricamente marcado por flujos migratorios tanto de salida como de llegada, pero el anuncio de la regularización extraordinaria, que el Gobierno prevé iniciar en abril y que podría beneficiar a más de medio millón de personas en situación administrativa irregular, ha disparado de forma exponencial los bulos y discursos de odio sobre migración.

Para analizar esta situación y con motivo del 8M -Día Internacional de las Mujeres- Efeminista ha hablado con la cómica Almu Lasacre, nacida en Guinea Ecuatorial y criada en España desde los 90; Catarina Campos, profesora brasileña que trabaja en un casino en España tras diez años de laberinto burocrático fallido para homologar su titulación; y la activista paraguaya Edith Espínola, portavoz de la plataforma Regularización Ya, de Servicio Doméstico Activo (SEDOAC) y de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe.

El auge de los bulos en un contexto de precariedad

Las tres protagonistas de este reportaje coinciden en que el aumento de las campañas de desinformación y la expansión de los bulos no es casual ni surge de forma aislada, sino que crece en un clima de incertidumbre social y económica que facilita los mensajes simplificados y culpabilizadores.

Y alertan del uso que la ultraderecha hace de esa desinformación sobre migración como herramienta de movilización política, al vincular la llegada de personas migrantes con el aumento de la delincuencia, el desempleo o el colapso de los servicios públicos. Un relato que minimiza los problemas estructurales que el país arrastra y desplaza la responsabilidad hacia un enemigo externo, apelando al miedo y a la defensa de la identidad nacional. Esta estrategia, amplificada a través de redes sociales y discursos públicos, ha logrado polarizar el debate y capitalizar el malestar social en términos electorales.

Para la cómica, guionista y podcaster Almu Lasacre (Malabo, Guinea Ecuatorial, 1985) estos bulos tienen que ver con “el descontento social” que atraviesa a buena parte de la población. “Hay familias enteras trabajando y no llegan a fin de mes, y una generación entera de jóvenes que no puede acceder a una vivienda”. En ese escenario, añade, “es mucho más sencillo decirte que la culpa es de un moro o de un negro que está usando la sanidad pública en lugar de decirte que la privatización de la sanidad pública es lo que te tienen en estas condiciones”.

A todas esas personas les responde tajante que “la migración es un derecho”.

La portavoz de Regularización Ya, Edith Espínola (Asunción, Paraguay, 1978), comparte esa lectura y sitúa el fenómeno en una estrategia más amplia, en la que “los bulos se utilizan para ejercer el miedo y para justificar la falta de políticas públicas que protejan realmente a la ciudadanía”. A su juicio, quienes suelen ser señalados son los colectivos con menor acceso a derechos, “generalmente mujeres, niños y personas migrantes”.

Un análisis elaborado en 2024 por la red europea Elections24Check, que agrupa a cuarenta verificadores, revela que una quinta parte de los mensajes falsos detectados sobre inmigración presenta a las personas extranjeras como criminales.

A todo ello se suma la persistencia del racismo y de la xenofobia en España, donde, según el Informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en 2024, los delitos por estos motivos, con 804 hechos registrados, siguen siendo los más numerosos pese a haber descendido un 6 % respecto al año anterior.

Principales mitos sobre migración y datos que los desmontan

Entre los mensajes más extendidos en redes sociales o conversaciones informales se repiten ideas falsas como que las personas migrantes “viven de ayudas públicas”, “saturan la sanidad”, “vienen a delinquir” o “quitan el trabajo”. Sin embargo, los datos reflejan una realidad muy diferente y compleja.

Según el Informe del mercado de trabajo de las Personas Extranjeras Estatal 2025, con datos del cuarto trimestre de 2024, la tasa total de paro en España fue del 10,61 %, mientras que entre la población extranjera alcanzó el 15,79 %, cinco puntos más. La brecha se amplía entre las mujeres migrantes, con un desempleo del 17,81 %, frente al 14,06 % de los hombres, una diferencia que refleja cómo la desigualdad laboral impacta de forma específica en ellas y desmonta el relato de que compiten en igualdad de condiciones en el mercado de trabajo.

“No, no venimos a quitar el trabajo. Nosotras venimos a sostener los trabajos esenciales. Les puedo asegurar que yo jamás me he peleado con una persona española por ir a limpiar una casa ni por cocinar una tortilla de patata. Venimos a sostener la agricultura, la limpieza, los cuidados y los trabajos esenciales para que tú puedas salir a trabajar y vivir tu vida tranquilamente”, responde Edith Espínola ante este bulo.

Espínola añade otra precisión frente al uso reiterado del término “ilegal” y explica que “ilegales son las drogas, ilegal es la opresión, el abuso y la explotación laboral”.

“Las personas migrantes estamos violentadas por la Ley de Extranjería que nos obliga a vivir en situación administrativa irregular durante dos años para poder regularizar nuestra situación”, añade.

Edith Espínola, portavoz de la plataforma Regularización Ya, de Servicio Doméstico Activo (SEDOAC) y de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe durante una entrevista con Efeminista. EFE/Laura de Grado

Las cifras también desmontan el estereotipo de baja cualificación. Según un informe del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), un 15 % de las personas trabajadoras extranjeras con estudios superiores desempeña empleos por debajo de su formación, una situación que afecta especialmente a las mujeres migrantes.

Almu Lasacre responde al mismo bulo desde la ironía: “Tenemos que ponernos de acuerdo: ¿venimos a quitar el trabajo o venimos a disfrutar de una paguita? Es el migrante de Schrödinger. No puedes ser un vago que vive de ayudas y, al mismo tiempo, cruzar un continente para robar empleo. O una cosa u otra”. “Habla con (Cristóbal) Colón, a ver si tenía papeles”, añade.

Y, aunque no hay una cifra oficial que muestre qué porcentaje de la población migrante recibe alguna prestación social, en el caso del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una de las ayudas más relevantes contra la pobreza, el 82,4 % de las personas beneficiarias tiene nacionalidad española y el 17,6 % son extranjeras, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, correspondientes a 2024.

En España, más de 3,1 millones de personas migrantes -1,8 millones hombres y 1,3 millones mujeres- cotizan a la Seguridad Social, contribuyendo al sistema de pensiones y a la protección social.

En cuanto al supuesto “colapso” de la sanidad o la educación, Lasacre recuerda que el acceso ordinario a derechos sociales está vinculado a la regularización administrativa: “Para poder acceder a servicios sanitarios tienes que estar regularizado. Y si estás regularizado, significa que estás participando del tejido económico y social del país. Estás pagando impuestos. Por tanto, tienes todo el derecho del mundo a usar la sanidad pública. No hay ni que pedir disculpas por eso”.

En España, todas las personas, independientemente de su situación administrativa, tienen derecho a atención sanitaria urgente, así como a cuidados esenciales durante el embarazo, el parto y la infancia. Sin embargo, el acceso a la atención sanitaria ordinaria suele requerir estar inscrito en el sistema público de salud, lo que limita el acceso de quienes no ha podido acceder a papeles.

La vinculación automática entre migración y delincuencia es otro de los mensajes más extendidos. Sin embargo, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2024, el 71 % de las personas adultas condenadas en España tiene nacionalidad española, lo que desmiente la idea de que la criminalidad sea un fenómeno importado o atribuible de forma mayoritaria a la población extranjera.

La filóloga de formación Catarina Campos (Salvador de Bahía, Brasil, 1989) cuestiona esta narrativa con sarcasmo: “¿Qué pasa, que no hay delincuentes en España? ¡Qué maravilla! Entonces alguien tendrá que poner la ‘arenita’ en ese hueco, ¿no? Por favor… Estos bulos son falta de conocimiento básico en historia, en leyes, en educación… Es ignorancia total”.

¿Cómo afectan los bulos y estereotipos a las mujeres migrantes?

Para las entrevistadas, la desinformación sobre las personas migrantes no se queda en el plano discursivo ni en las redes, sino que atraviesa la vida cotidiana y condiciona el acceso a derechos, al empleo e incluso a la propia seguridad personal.

Espílona advierte de que “hay una violencia institucional estructural que afecta a las personas” y cita “el perfilamiento racial en las calles seas mujer, niño, hombre” o “las barreras y el miedo para poner una denuncia si no tienes documentación”.

“Se ejerce un control a través del miedo sobre la población migrante”, señala y añade que las mujeres son las más perjudicadas porque siempre están “tres o cuatro escalones más abajo”.

Según datos del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), un total de 3.581.558 mujeres presentan documentación de residencia en vigor en España a 30 de septiembre de 2025, lo que representa el 48 % del total de personas documentadas.

“Estamos más expuestas a esta violencia estructural y patriarcal que ejercen los hombres contra nuestros cuerpos”, lamenta.

Según el informe Migradas II. Reparación de las violencias de género del Movimiento por la Paz (MPDL), el 67,5 % de las mujeres migrantes entrevistadas ha sufrido violencia de género a lo largo de su vida.

De acuerdo con los datos de Mujeres en cifras 1983-2023 del Instituto de las Mujeres, entre 1999 y 2022 los feminicidios de mujeres migrantes alcanzaron tasas cercanas a diez asesinatos por cada millón de residentes, frente a unos dos por cada millón de mujeres españolas, una brecha que apunta a una mayor victimización proporcional y a menores niveles de protección institucional. En 2025, por ejemplo, de las 48 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, 20 eran extranjeras, el 41,7 %.

El riesgo de feminicidio es tres veces mayor en mujeres migradas que en mujeres nacidas en España, según el informe Sobrerrepresentadas, desprotegidas, en resistencia. El Estado español frente a las violencias machistas contra las mujeres migradas, elaborado por la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe con el apoyo de Calala Fondo de Mujeres. Además, el texto expone que las mujeres migradas reciben menos protección policial proporcionalmente y enfrentan barreras legales vinculadas a la Ley de Extranjería.

Ese impacto también se traduce en experiencias concretas de racismo cotidiano, como la que relata Lasacre, que antes de dedicarse a la comedia estudió Administración y Finanzas, se especializó en tramitación procesal y trabajó durante años en despachos jurídicos, por lo que tuvo que enfrentarse a muchas entrevistas de trabajo.

“Yo mando mi currículum sin foto y cuando llego abren la puerta y dicen: ‘Ah, eres negrita’. Ahí empieza mi opresión”, lamenta, y explica que, mientras la discriminación hacia un hombre negro podría detenerse en ese primer filtro racial, en su caso se suma una segunda capa vinculada al género, con preguntas sobre maternidad o disponibilidad que cuestionan su trayectoria profesional.

En España el 82 % de mujeres africanas y afrodescendientes sufre discriminación en el ámbito laboral, según una investigación de la ONG Movimiento por la Paz (MPDL).

Desde su trayectoria como migrante, marcada por etapas en Almería, Zaragoza y ahora Madrid, Catarina Campos señala que muchos estereotipos hacia las mujeres latinoamericanas se expresan a través de comentarios aparentemente inofensivos que reproducen prejuicios coloniales y sexuales.

Recuerda que, cuando llegó a España hace diez años, algunas personas le insinuaban que acabaría “casándose con un español”, una idea que, según explica, forma parte de un imaginario extendido que presenta a las mujeres migrantes como dependientes o en búsqueda de pareja para regularizar su situación.

También señala el mito de que las mujeres latinas son todas “putas o prostitutas”. Para Campos, este tipo de comentarios refuerza una mirada que reduce a las mujeres latinas a roles estereotipados ligados al exotismo, la sexualización o la subordinación.

Catarina Campos, profesora y filóloga brasileña, durante una entrevista con Efeminista. EFE/Laura de Grado

Regularización extraordinaria: expectativas y límites

Muchos de estos bulos se han intensificado tras el anuncio de la regularización extraordinaria que el Gobierno prevé activar en abril. El proceso podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas dentro de un total estimado de 840.000 migrantes en situación administrativa irregular.

La propia ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado que el anuncio de la regularización extraordinaria disparó un 22 % los discursos racistas y xenófobos en redes sociales en enero respecto al mes anterior hasta los 35.300 contenidos detectados.

La medida contempla la concesión de permisos temporales de residencia y trabajo, no la nacionalidad automática, como sostienen algunos mensajes falsos, y busca aflorar empleo sumergido y facilitar la incorporación al mercado laboral formal.

Para Edith Espínola, portavoz de Regularización Ya, la regularización es “un paso necesario” porque permitirá que miles de personas salgan de la economía informal y accedan a derechos básicos.

“Va a otorgar protección para que la persona pueda eliminar la explotación laboral que está aguantando, porque parece que cuando eres migrante lo único que significa tu vida es aguantar, aguantar y aguantar, y no te miran como persona sino como mano de obra barata”, explica.

Sin embargo, advierte de que no será una solución universal, ya que “los limitantes son claros”. Entre ellos, la exigencia de antecedentes penales o de documentación en vigor, requisitos que pueden dejar fuera a personas que llevan años viviendo en España pero que no pueden renovar su pasaporte o conseguir certificados en su país de origen.

También señala casos de jornaleras y jornaleros que han perdido su documentación en incendios de asentamientos precarios o durante el propio trayecto migratorio. “Hay gente que lo ha perdido todo y ahora se le vuelve a pedir un papel imposible”, resume.

Y recuerda que quienes hayan llegado después de la fecha de corte, el 31 de diciembre de 2025, quedarán automáticamente excluidos.

“Las personas migrantes tenemos derecho a irnos a habitar el país que queramos”, reivindica.

El proceso anunciado no es inédito en España. Durante la etapa democrática se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias que han beneficiado a más de 1,2 millones de personas en total. Las tres primeras fueron impulsadas por el Gobierno de Felipe González entre 1986 y 1996; posteriormente, bajo el Ejecutivo de José María Aznar, se desarrollaron dos procesos en 2000 y 2001; y la última, y más amplia hasta la fecha, tuvo lugar en 2005, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

Edith Espínola y la precariedad del trabajo doméstico

El trabajo doméstico y de cuidados es uno de los sectores donde la precariedad se entrecruza con mayor intensidad con la condición de mujer migrante. Según el informe Trabajo invisible y cuerpos rotos de Oxfam Intermón, una de cada tres trabajadoras del hogar sigue sin estar dada de alta en la Seguridad Social y el 74 % necesita medicarse para aliviar dolores físicos derivados del trabajo.

Además, un informe de SOS Racismo señala que el 50,5 % de las trabajadoras del hogar encuestadas ha sufrido discriminación racial.

Edith Espínola, que lleva años organizando a trabajadoras domésticas desde Sedoac, denuncia que, pese a las reformas recientes, las trabajadoras del hogar continúan sin estar plenamente equiparadas al régimen general.

“Seguimos siendo trabajadoras de segunda”, sostiene. Critica que la cotización por tramos perjudique su futura jubilación y denuncia jornadas que superan ampliamente las 40 horas semanales sin remuneración acorde: “Hay mujeres que trabajan más de 70 horas y cobran 600 ó 700 euros”.

Edith Espínola, portavoz de la plataforma Regularización Ya, de Servicio Doméstico Activo (SEDOAC) y de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe durante una entrevista con Efeminista. EFE/Laura de Grado

La activista pone el foco especialmente en el régimen de interna -en el que la trabajadora reside en el domicilio del empleador-, que considera una de las formas más graves de explotación y una forma de “esclavitud moderna”. Reclama su erradicación y denuncia que la disponibilidad permanente expone a abusos laborales y sexuales difíciles de demostrar. “Cuando tu empleador tiene acceso a ti las 24 horas, el poder se multiplica”, advierte.

También alerta de las enfermedades laborales invisibilizadas: lesiones de espalda, rodillas y vértebras, estrés crónico y depresión. “Hay compañeras que se medican para poder levantarse cada día”, denuncia, e insiste en que sin inspecciones laborales reales y sin plena integración en el régimen general de la Seguridad Social, la desigualdad persistirá.

Almu Lasacre, cultura y falta de representación

En el ámbito cultural, la cómica Almu Lasacre revela que la representación de mujeres racializadas sigue siendo limitada, estereotipada o directamente ausente. Un informe de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) sobre la representación de mujeres migrantes y racializadas en el sector cultural concluye que persisten obstáculos en la contratación y una presencia simbólica reducida.

Ella tenía 10 años cuando llegó a España y aprendió antes lo que era el racismo que lo que era la adolescencia. “Para ir al colegio tenía que evitar parques porque me gritaban ‘negra de mierda'”, recuerda. Dice que aprendió a disociar muy pronto, casi como mecanismo de supervivencia.

“Llevo escuchando racismo desde los 10 años. ¿Qué me tienes que decir ahora para que me afecte?”, se pregunta… y se responde a sí misma segundos después: “tienes que pasar a la siguiente generación, tienes que hablar de mi hija para que me importe, para que yo te tenga que contestar”.

Y tras narrar la violencia cotidiana a la que se enfrenta, critica que nadie se pregunte por la salud mental de las personas racializadas.

“Yo sufro pequeñas agresiones racistas casi a diario, pero llega un momento en el que tu cerebro necesita desconectar”, reconoce.

En la comedia, un sector ya de por sí inestable y precarizado, sostiene que las barreras se multiplican. “Se ha cuestionado si somos graciosas y si la mujer puede hacer chistes, ¿qué es esto? Y cuando encima llegas y eres negra…”, deja la frase en suspenso.

La cómica, guionista y podcaster Almu Lasacre (Malabo, Guinea Ecuatorial, 1985) durante una entrevista con Efeminista. EFE/Ballesteros

Habla también de la falta de referentes y de cómo el escenario no siempre es un espacio neutral. Esa mirada, añade, también se reproduce en la manera en que se presenta la migración en el espacio público. Y alude a la responsabilidad de los medios de comunicación a la hora tratar las informaciones sobre migración porque “junto a la palabra inmigrantes, la foto que muestran siempre es la de personas luchando por su vida en una patera”.

Recuerda que una parte importante de las personas extranjeras residentes en España entraron por vía aérea y que reducir la migración a la imagen del naufragio no es casual.

“Cuando tu dices la palabra migrante la ligas a aporofobia o con el imaginario de que tiene que ser una persona negra, marroquí, latinoamericana, etc. Por ejemplo, yo vivo en un edificio en el que hay un francés, un alemán, un italiano, pero el ‘migrante’ solo me lo aplican a mi”, critica Lasacre, para quien, en el fondo, todo depende “del marrón del pantone”.

Catarina Campos, educación, homologación de títulos y memoria histórica

En el ámbito educativo, las barreras no siempre son visibles, pero impiden avanzar. Cada año, miles de solicitudes de homologación de títulos extranjeros se acumulan con retrasos que pueden prolongarse varios ejercicios, lo que empuja a muchas personas cualificadas a empleos por debajo de su formación. El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) ha señalado que una parte significativa de la población extranjera con estudios superiores está infraempleada.

Según un informe del Tribunal de Cuentas, a 30 de junio de 2025 había 80.648 solicitudes de homologación sin resolver, pese a que la ley establece un plazo máximo de seis meses para completar el trámite.

Catarina Campos es un ejemplo de esa fractura y de los fallos del sistema. Tiene 36 años, es profesora de lengua portuguesa y llegó desde Salvador de Bahía en 2016 con una beca para estudiar en la Universidad de Jaén. Casi una década después, trabaja en un casino. No por falta de formación, sino por una combinación de trámites, reformas normativas y vacíos administrativos que fueron retrasando su regularización y bloqueando su acceso al sistema educativo.

Su relato es una cronología de obstáculos: visado de estudiante, cambios en extranjería, permisos de búsqueda de empleo que expiraron antes de lo prometido, renovaciones rechazadas tras meses de espera y recursos que tardan casi un año en resolverse. “¿Qué vida sigue así? Eso no es vida”, lamenta.

Para ejercer como docente en la enseñanza pública en España no basta con el título, es necesario superar oposiciones. Con carácter general, pueden concurrir quienes tengan nacionalidad española o de otro Estado miembro de la Unión Europea; las personas extracomunitarias solo pueden hacerlo en determinados supuestos y, en muchos casos, se les exige residencia de larga duración, lo que limita las posibilidades reales de acceso.

“No sé si voy a conseguir volver a ser profesora”, lamenta resignada.

Catarina Campos, profesora y filóloga brasileña, durante una entrevista con Efeminista. EFE/Laura de Grado

A todo ello, se suma que el sistema educativo español arrastra una deuda en la forma en la que se aborda el pasado colonial y sus consecuencias actuales. “La gente aquí tiene que entender lo que pasó hace más de 500 años”, sostiene.

Se refiere al proceso colonial que configuró América Latina tras la llegada europea: la destrucción de pueblos originarios, la esclavitud, la imposición religiosa y cultural y la creación de estereotipos como el del “indígena o el africano perezoso”, imaginarios que, afirma, siguen operando de manera soterrada.

“Si entiendes que hubo un proceso de colonización y de destrucción de otras culturas, entiendes también que la gente tiene derecho a venir aquí, como hace 500 años salieron de aquí hacia allí”, argumenta.

Propuestas frente a la desinformación y la desigualdad

Frente al actual escenario marcado por la desinformación, la precariedad y el avance de discursos de la ultraderecha, las tres coinciden en que no basta con desmontar bulos, hacen falta cambios estructurales.

Para Edith Espínola, la prioridad pasa derogar la Ley de Extranjería y garantizar vías estables y permanentes de regularización que eviten que cientos de miles de personas queden atrapadas en la economía informal.

“Para frenar esto debería haber un interés y una voluntad política transversal, y sobre todo que se escuche a la población migrante”, sostiene Espínola, que sitúa el foco en la responsabilidad institucional. De lo contrario, advierte, los cambios “siempre son parches o panfletos que no llegan a la vida de las personas”, y el acceso a derechos y justicia “no es real, sino una papeleta” que levanta nuevos muros burocráticos y sociales.

A esa demanda suma dos exigencias que, insiste, no pueden seguir posponiéndose: la erradicación del régimen de interna y el reconocimiento de la voz de las migrantes “no como objeto ni como punto de color”, sino como mujeres que aportan y construyen sociedad.

En la misma línea Almu Lasacre pide más participación y escucha en los debates y las tomas de decisiones. No hablar sobre las mujeres migrantes, sino con ellas, dice.

“Que se me invite a la mesa cuando se discuta sobre derechos que me afectan, que me inviten y que yo pueda opinar sobre ello”, exige.

Catarina Campos sitúa la educación en el centro de la solución. “Hay que estudiar la historia desde varias perspectivas”, sostiene. Para ella, comprender los procesos históricos que conectan Europa y América Latina ayudaría a desmontar estereotipos que hoy alimentan el rechazo.

El movimiento feminista sigue siendo “blanco”

Pese a que la migración ha marcado buena parte de la conversación política de los últimos años, preguntadas por lo que para ellas significa el 8M, Día Internacional de las Mujeres -originalmente Día Internacional de la Mujer Trabajadora-, las entrevistadas aseguran que siguen sin sentirse plenamente incluidas en los discursos feministas mayoritarios, que -afirman- hablan sobre ellas sin integrar sus experiencias, sus violencias específicas ni una perspectiva interseccional real.

La integrante de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, Edith Espínola, que alterna el tono pedagógico con una gran firmeza militante, reconoce avances y alianzas dentro del movimiento, pero sostiene que persisten límites importantes.

“Hay compañeras feministas que entienden que somos sujetos políticos y que exigimos derechos, pero otras no comprenden que la ley de extranjería nos somete y que la explotación laboral es lo normalizado en nuestras vidas”, sostiene la activista.

“La igualdad parte por coger la mano a las más precarizadas, a las más invisibilizadas, a las jornaleras de Huelva, a las trabajadoras del hogar, a las Kellys, a las que limpian… Mientras no luchemos por lo que están reclamando desde estos sectores, la igualdad siempre va a llegar solamente para un grupo que está arriba y no para las que estamos abajo sosteniendo los trabajos de las demás”, recalca.

Vista de la manifestación de 2025 convocada por la Comisión 8M de Madrid con motivo del Día Internacional de la Mujer. EFE/Víctor Lerena

Por su parte, Almu Lasacre critica que el movimiento siga siendo muy “blanco” entendido no como una cuestión de fenotipo, sino como “un sistema de opresión”.

“No es blanco por el color de piel, sino por un sistema que solo entiende el conocimiento desde el eurocentrismo”, explica. Recuerda el 8M del 2018 que se calificó como “histórico” para el movimiento feminista por la huelga que paralizó parte del país, para cuestionar quién pudo realmente detener su actividad: “El lema era ‘paramos todas’, pero ¿quiénes paran? ¿En las casas de todas las que van delante de esa pancarta también estaban parando?”, pregunta.

Del mismo modo se expresa Catarina Campos, que asegura con contundencia, que “para nada” se siente incluida en el movimiento feminista español.

“He ido a encuentros y a manifestaciones y veía cómo se borraban otras historias”, afirma, y lamenta que, como mujer negra, latina y migrante, sus preocupaciones no siempre encuentran espacio en agendas centradas en realidades occidentales.

“Ir a espacios donde mujeres blancas hablan por mujeres negras, indígenas, musulmanas, gitanas o asiáticas es difícil. Queremos que nos den la palabra“, añade, al tiempo que reconoce que expresar estas críticas muchas veces genera incomodidad dentro del movimiento.

Fuente: https://efeminista.com/mujeres-migrantes-8m-bulos-racismo-desinformacion/