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Latin American Female"]

Por Kimberly Jones

Cuando tenía 16 años, escuché una historia que lo cambió todo. Estaba asistiendo a una conferencia sobre liderazgo juvenil y la oradora era Evelyne Villines. La señora Villines era una figura poderosa en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad.

Ella había asesorado a presidentes de los Estados Unidos, formó parte de comisiones nacionales y fue defensora pública de la histórica Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), firmada en 1990. 

Cuando era joven, confinada a una silla de ruedas por la polio, Evelyne ganó el papel principal como cantante en una producción escolar. Pero cuando llegó el momento, se vio obligada a permanecer fuera del escenario, cantando desde las sombras. En lugar de ser el foco de atención, una compañera sin discapacidad, que “encajaba en el papel”, se situó en el centro del escenario e hizo playback a su potente voz.

La imagen, deliberadamente silenciada, de una joven talentosa —y la voz arrebatada a su dueña— me impactaron aun siendo adolescente. Aprendí que la exclusión no siempre hace ruido: a veces basta un cambio de política, en apariencia inocente, para apartar los dones de un niño de la posibilidad de compartirlos.

La historia de la Sra. Villine sembró en mí la semilla duradera de mi compromiso con la equidad: nuestro trabajo debe consistir en derribar todas las cortinas de exclusión y afirmar sin descanso el derecho de todos los niños a ser el foco de atención.

Este recuerdo es precisamente lo que me preocupa de los recientes despidos masivos en el Departamento de Educación de los EE. UU., en particular los que afectan a la Oficina de Programas de Educación Especial y a la Oficina de Derechos Civiles.

El Departamento de Educación de los EE. UU. proporciona servicios esenciales que afectan directamente a los habitantes de Carolina del Norte. No se trata solo de una burocracia lejana, es una importante fuente de financiación, ya que los fondos federales representan alrededor del 20% del presupuesto de las escuelas públicas de nuestro estado. 

Esto significa que más de $3 mil millones anuales ayudan a financiar programas para estudiantes de bajos ingresos y con discapacidades. La oficina de educación especial y los empleados de derechos civiles son piezas clave en este proceso. La educación especial garantiza que los estudiantes con discapacidades reciban la educación a la que tienen derecho por ley, y la Oficina de Derechos Civiles se asegura de que nuestras escuelas no discriminen.

Desmantelar estas oficinas pone en riesgo servicios y protecciones vitales para nuestros estudiantes más vulnerables. Esto podría significar menos maestros y recursos para los estudiantes de distritos rurales o con altos índices de pobreza, y una falta de supervisión en cuestiones de derechos civiles, lo que dejaría a las familias con pocos recursos si sus hijos sufren discriminación.

Este es un ataque directo a los principios de equidad y derechos civiles que constituyen la base de nuestro sistema de educación pública. 

La Ley de Educación para Personas con Discapacidades no es una sugerencia opcional; es una ley que garantiza una “educación pública gratuita y adecuada” (FAPE, por sus siglas en inglés), obligatoria por la ley federal, a millones de estudiantes. 

Los empleados de educación especial eran los guardianes de esta promesa, supervisando a los estados, gestionando miles de millones en subvenciones y proporcionando la orientación que asegurará su cumplimiento. 

Sin esta supervisión, la FAPE corre el riesgo de convertirse en una “directriz” fragmentada dictada por los presupuestos locales, en lugar de un derecho legal para los niños.

He hablado con maestros de educación especial que están profundamente preocupados porque esta falta de rendición de cuentas a nivel federal dejará el destino de las protecciones de los estudiantes en manos de las juntas escolares locales, cuyos miembros pueden dar prioridad a las agendas políticas sobre las obligaciones legales, lo que causará que los estudiantes sufran. 

Este desmoronamiento de la rendición de cuentas recaerá con mayor fuerza sobre los hombros de nuestros estudiantes y familias más vulnerables, especialmente aquellos que se encuentran en distritos escolares rurales con fondos insuficientes. Estas comunidades suelen carecer de los recursos locales y la experiencia necesaria para lidiar con los complejos requisitos legales de la educación especial. Dependen de la supervisión federal.

Corremos el riesgo de perpetuar las desigualdades y permitir un sistema en el que el acceso de los estudiantes a una educación de calidad viene determinado por su código postal, una realidad contra la que hemos luchado durante décadas. Es una cuestión moral, una prueba de nuestro compromiso nacional con los derechos civiles. 

Los recortes a la Oficina de Derechos Civiles, que ya ha perdido una parte importante de su personal, dificultan aún más la investigación de las denuncias por discriminación. Esto deja a las familias con menos opciones de asistencia cuando se violan los derechos de un estudiante, empujándolas hacia batallas legales costosas y, a menudo, inaccesibles.

Para decirlo sin rodeos, los distritos escolares de todo el país discriminarán deliberadamente a los estudiantes y no habrá ningún recurso disponible.

Debemos enfrentar esta realidad y exigir acciones a nuestros legisladores. Debemos recordarles que las escuelas públicas son un bien público y que todos los niños merecen ser vistos, valorados y que se fomenten sus dones y talentos.

La búsqueda de la educación es la obra misma de la liberación. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras las puertas de esa liberación se cierran sistemáticamente a los niños que más la necesitan. 

No debemos permitir nunca que la negligencia sistémica de los recortes federales obligue a ocultar la brillantez de un niño detrás de una cortina. Todos los estudiantes merecen estar en el foco de atención, y nosotros debemos ser los encargados de asegurarnos de que las luces nunca se apaguen.

Fuente: https://quepasamedia.com/noticias/opinion/carolina-del-norte-recortes-ponen-educacion-y-derechos-civiles-en-peligro/