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Por Pedro San Martín Ahumada

Lo que hay que transmutar es toda la teoría detrás del modelo de fiscalización inquisitivo y persecutor que desconfía del criterio pedagógico y profesional de los profesores y directores, y que atenta contra el ejercicio de la libertad de enseñanza en cada proyecto educativo.

Para quienes trabajamos al interior de colegios y que, al mismo tiempo, seguimos intensamente el debate público educativo no podemos evitar preguntarnos, a tan sólo días del cambio de mando: ¿Cúal fue el legado del Presidente Boric en las “estructuras que rigen la educación”? O bien ¿Qué nos dejaron quienes venían a redimir al sistema de todos sus pecados fundacionales?

En este gobierno no se avanzó en nada sustantivo, de hecho, en algunos aspectos legislativos y administrativos —las estructuras del “modelo”— se retrocedió. Sin lugar a duda, dejó un sistema de reglas mucho más rígido y denso normativamente, es decir, con más burocracia para los colegios. Es fascinante —y profundamente indignante— la fe ciega de esta administración en que el bienestar escolar es proporcional a la cantidad de formularios llenados. Sólo por dar un ejemplo, la Ley de Convivencia Educativa que salió del Congreso agregó 32 nuevas obligaciones a un sistema que ya está reventado; pero no contentos con eso, también pasaron regulaciones internas a rango de ley afectando la autonomía de los colegios y la flexibilidad del sistema.

Por su puesto, en materias administrativas no quisieron quedarse atrás. Si bien, era conocido que se venían cambios normativos para los establecimientos educativos, las fechas de publicación fueron extremadamente desafortunadas y dieron pie para que se instalara la sospecha de “amarres”. Las circulares 781 y 782 —que conllevan la mayor cantidad de cambios reglamentarios en una década— se publicaron a tres días que los colegios salieran de vacaciones. Los establecimientos tuvieron que hacer cambios contrarreloj y con un estrés tremendo de por medio, para que luego la autoridad postergara la entrada en vigencia a sólo una semana del inicio del año escolar. Casi en sincronía, la ley de prohibición de celulares se aprobó en el Congreso a inicios de diciembre, pero la circular aclaratoria salió apenas dos días antes de que los niños ingresen a clases. Y como si esto no fuera suficiente, sólo esta semana se han publicado otras cuatro nuevas resoluciones exentas más.

Más ridículo todavía es que la Superintendencia de Educación se dejó caer con un mar de fiscalizaciones —draconianas, como es ya una mala costumbre, con más de 20 materias a revisar — ¡el primer día de clases del 2026! Algo que nunca habíamos visto. La gestión de la nueva Superintendente Loreto Orellana se ha visto como un colosal desorden y descriterio.

Pero aún falta la guinda del pastel: el gobierno central se va adeudando miles de millones de pesos a los colegios particulares subvencionados en mantenimiento de infraestructura y en bonos obligatorios para los docentes. Eso si es algo “histórico”, cómo le gustaba decir al exministro y exdirigente estudiantil Giorgio Jackson. O quizás ya renunciaron a ser los redentores, pues, supongo que como la hija del Presidente irá a un colegio de élite —pago por ver—, todo esto son cosas menores que no le quitan el sueño al Ejecutivo.

¿Algo destacable?  Tal vez la ley de prohibición de dispositivos móviles al interior de los colegios. Pero la verdad es que cualquier gobierno la hubiera sacado adelante, considerando que muchos países que Chile mira en educación ya lo habían hecho. También podemos decir que las circulares 781 y 782 —allende el pésimo timing de publicación— tienen algunos aspectos que perecen ser un avance, como por ejemplo la restitución del discernimiento profesional en las escuelas en materias de convivencia escolar, pero eso sólo se verá realmente cuando los fiscalizadores materialicen estás nuevas disposiciones.

En cualquier caso, y a pesar de mis buenas intenciones por rescatar algo de la actual gestión, todo esto resulta en una evidente paradoja: el profesor Nicolás Cataldo desaprobaría la gestión del Ministro Nicolás Cataldo.

Ahora bien, ¿irá algo a cambiar con la nueva administración? El principal desafío será autogobernarse a sí mismos para dar las batallas que realmente valen la pena. En educación —a diferencia de un “gobierno de emergencia”— se avanza muy lento, entonces la mayor aspiración debería ser tener pocos focos, pero fuertes, y no atraparse en disputas innecesarias.

Hay tres tópicos que no convendría eludir: primero, hay bastante consenso de que el Sistema de Admisión Escolar (SAE) debe ser revisado para devolverle adhesión y credibilidad al sistema; pero sería un error que el gobierno trate de hacer uno desde cero o, peor aún, volver al sistema antiguo, cuando lo que se necesita es incluir ciertos criterios de justicia —como el mérito académico— y promover el compromiso con el proyecto educativo institucional de cada colegio. También está claro que deben hacer reformas a las atribuciones y funcionamiento general de la Superintendencia de Educación —de manera de cambiar el paradigma de “judicialización” de los conflictos escolares que han instalado— y, a su vez, devolver la autoridad pedagógica a los docentes a través del respaldo tanto simbólico como jurídico por parte del Estado. Tercero, es urgente simplificar la asfixiante burocracia que no deja a los directores y profesores hacer su trabajo.

Respecto de estos dos últimos puntos, la tentación será abordar el problema de forma meramente procedimental. Desde ya, quienes se inclinan por ese camino, se equivocan. Si bien hay cambios necesarios en esa línea, son tan frágiles como superficiales, pues el verdadero asunto está lejos de agotarse en juntar unos cuantos protocolos o disminuir las horas de deberes administrativos. Lo que hay que transmutar es toda la teoría detrás del modelo de fiscalización inquisitivo y persecutor que desconfía del criterio pedagógico y profesional de los profesores y directores, y que atenta contra el ejercicio de la libertad de enseñanza en cada proyecto educativo.

Espero que la trayectoria de la ministra María Paz Arzola sea un activo para impulsar estos cambios —aunque, confieso, tenía las mismas expectativas para los profesores Marco Antonio Ávila y Nicolás Cataldo—: fue profesora universitaria muchos años y lleva años trabajando con parlamentarios y académicos en el análisis y profundización de las políticas públicas educativas. Me da la impresión de que es una persona ponderada y que tiene alta valoración por la evidencia empírica y el juicio técnico, siendo su fuerte el financiamiento, acceso y educación superior en general; ahora bien, tendrá que apoyarse en temas de calidad de la enseñanza y convivencia escolar, pues no parecen ser su especialidad.

En mi humilde opinión, la ministra y su equipo deberían escuchar preferentemente a las personas que entienden cómo funciona el sistema escolar por dentro, es decir, sostenedores, directivos, docentes y personas de la sociedad civil afines. Por el contrario, debe tener cuidado con quienes traigan recetas que no conecten con la realidad. Para muestra un botón: en las últimas semanas he leído en la prensa a académicos muy reputados que traen grandes diagnósticos bajo el brazo, pero que desconocen completamente los sistemas de reglas a los cuales están sometidos los colegios. Esas soluciones están pensadas para un mundo que no existe.

En fin. Suena el timbre y las aulas se vuelven a llenar. Profesores ingresan al sistema; otros, desertan. Los más antiguos resisten y se fortalecen. Algunos más se jubilan. Sale un Presidente y entra otro. Para nosotros, los educadores, todo sigue igual (o peor) ¿Irá algo a cambiar?

Fuente: https://ellibero.cl/tribuna/el-legado-en-educacion-descriterio-y-desorden/