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Por El Nacional

Entre 2025 y 2026, las autoridades colombianas han impulsado diversas medidas para garantizar la protección de esta población

Aunque Colombia ha implementado políticas para garantizar la educación de los niños migrantes venezolanos, el regreso a su país de origen puede convertirse en un proceso lleno de obstáculos burocráticos y falta de coordinación institucional. De acuerdo con información publicada por la Presidencia de Colombia, en el ámbito educativo se han implementado planes de choque para el inicio del calendario escolar 2026. 

Estas medidas incluyeron la apertura de más de 6.200 cupos en 82 instituciones educativas ubicadas en departamentos fronterizos como La Guajira, Norte de Santander, Arauca y Vichada. Gracias a estas políticas, más de 600.000 estudiantes migrantes venezolanos estaban matriculados en el sistema educativo colombiano a mediados de 2024.

Entre 2025 y 2026, las autoridades colombianas han impulsado diversas medidas para garantizar la protección de esta población. Cerca del 90% de los menores venezolanos en el país cuenta con algún mecanismo de regularización, principalmente a través del Permiso por Protección Temporal (PPT), documento que facilita el acceso a servicios básicos y la inclusión en el sistema educativo. 

Además, desde septiembre de 2025 y hasta el 30 de abril de 2026, se habilitó el Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales (PEP-Tutor), una medida que permite a padres o tutores de menores con PPT acceder a un mecanismo de regularización. Para optar a este beneficio, los niños, niñas y adolescentes deben haber obtenido su PPT hasta el 31 de diciembre de 2023 o haber estado inscritos en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) para esa fecha.

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la migración venezolana ha sido uno de los fenómenos humanitarios más significativos de América Latina en la última década. Millones de ciudadanos han salido del país en busca de mejores condiciones de vida. Entre ellos se encuentran cientos de miles de niños, niñas y adolescentes que han intentado continuar su formación académica en países vecinos como Colombia.

Sin embargo, el retorno a Venezuela no es sencillo. Rosa Alvarado, oriunda del estado Trujillo, llegó a Medellín en agosto de 2024 junto a su esposo y sus dos hijos, tras salir del país en medio de la crisis política. “Salimos con urgencia y solo pudimos traer algunos documentos escolares de nuestros hijos, sin legalización y apostilla”, relata.

A pesar de ello, los niños lograron continuar sus estudios en Colombia gracias a talleres y evaluaciones que permitieron validar su nivel académico. “Nos trataron con mucha empatía. Recibieron los documentos y les hicieron talleres y pruebas para validar el nivel educativo de mis hijos”, explicó Alvarado. 

Rosa y su esposo no pudieron acceder a mecanismos de regularización para adultos y llevan más de un año esperando respuesta a su solicitud de refugio. Tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 y la influencia que actualmente ejerce Estados Unidos, la familia mantiene la esperanza de que la situación en Venezuela mejore y poder regresar pronto.

Aunque el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, ha pedido inscribir a los estudiantes sin tantas exigencias, la Zona Educativa del estado Trujillo no ha aplicado esta instrucción ni ha brindado información clara a los directores de las instituciones educativas de la región.

Al comunicarse vía telefónica con el liceo Antonio Anselmi Berti, en el municipio Monte Carmelo, la directora le indicó que, al llegar a Venezuela, debía presentarse con los documentos que tuviera de sus hijos y que posteriormente se pondría en contacto con la Zona Educativa del estado. Sin embargo, la respuesta no la convenció.

“No quiero encontrarme con trabas una vez que llegue allá, así que contacté a personas de la Zona Educativa y me informaron que debía presentar las notas obtenidas en Colombia legalizadas y apostilladas. Me pareció contradictorio, porque en Colombia no nos exigieron ese trámite para validar los estudios”, afirmó Alvarado.

Por ahora, el regreso sigue en pausa. “Me da miedo que mis hijos enfrenten una situación que les cause estrés. Todo es incierto; además, me dicen que el año escolar ya está terminado y que probablemente tendremos que esperar hasta el nuevo periodo 2026-2027, que inicia en septiembre”, finalizó. 

El caso de esta familia refleja una realidad que enfrentan muchos migrantes venezolanos que desean regresar al país. Mientras Colombia ha implementado mecanismos flexibles para garantizar la continuidad educativa, en Venezuela persisten vacíos de coordinación y exigencias administrativas que pueden dificultar su reinserción escolar.

Garantizar el derecho a la educación de estos menores no solo depende de normas o anuncios oficiales, sino también de su aplicación efectiva en las instituciones educativas. Para muchas familias, el regreso a casa implica superar barreras burocráticas que pueden marcar el futuro académico de sus hijos.

Fuente: https://www.elnacional.com/2026/03/el-dilema-educativo-de-las-familias-migrantes-que-planean-regresar-a-venezuela/