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Por José Luis Fernández

Este jueves se celebra el Día Internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso, una situación de la que los centros educativos tratan de rehuir con el propósito de que no afecte a su imagen. A ello se suma que hasta una de cada tres víctimas de acoso deciden por su cuenta guardar silencio por miedo a las consecuencias, que son de distintito tipo. El reciente suicidio de una escolar ha reactivado el debate sobre este fenómeno que parece no encontrar una salida fiable.

El I Estudio sobre el acoso escolar y el ciberacoso en España en la infancia y la adolescencia, realizado por la Universidad Complutense de Madrid e impulsado por la Fundación ColaCao, conocido esta semana y que cuenta con la participación de casi 21.000 estudiantes procedentes de 325 centros de todo el país, y la colaboración de 15 Consejerías de Educación, recoge entre sus hallazgos la prevalencia del silencio entre las víctimas de acoso escolar.

Según el estudio, 1 de cada 3 víctimas de acoso escolar (el 38%) y más de la mitad de las víctimas de ciberacoso (el 55%), guardan silencio ante estas situaciones. El silencio se confirma entonces como uno de los principales problemas del acoso escolar y el ciberacoso, pues, entre otras graves consecuencias, no permite que los casos se denuncien a tiempo, una de las grandes barreras a la hora de tratar el bullying.

Los dos motivos principales que aducen las víctimas al guardar silencio son el miedo y no preocupar a sus familiares. En aquellos casos en que sí se lo han comunicado a alguien, lo hacen a la madre (77,6%), las amistades (72,7%) y el padre (63%). Solo un 52,4% de las víctimas lo comunican a sus profesores.

Por otro lado, en el caso del ciberacoso, el silencio se eleva hasta un 55,1%, es decir, más de la mitad de las víctimas no explican que están sufriendo esta situación. En aquellos casos en que las cibervíctimas sí se lo han comunicado a alguien, los amigos (78,1%), la madre (68,7%) y el padre (58%) son las principales figuras a las que recurren para contar su experiencia.

Casi dos alumnos por aula sufren acoso escolar en España

Además del silencio, uno de los datos centrales extraídos de esta investigación es la prevalencia del acoso escolar en nuestro país. Casi dos estudiantes por clase reconocen sufrir bullying, calculando sobre una media de 28 alumnos por clase. Este dato significa que el 6,2 % de los estudiantes entre 4º de primaria y 4º de secundaria manifiesta haber sufrido acoso escolar en los últimos dos meses.

En contraposición, la investigación también apunta que el 2,1% de los encuestados se reconocen como acosadores, lo que refleja que hay un acosador por cada dos clases. De acuerdo con estas cifras, en nuestro país hay casi 220.000 estudiantes víctimas de acoso escolar, y más de 74.000 acosadores. También existen un 16,3% de alumnos que se identifican como testigos, es decir, 5 niños por aula.

Según los datos del Estudio, en educación primaria (4º, 5º y 6º) se reconocen como víctimas el 7,6% de los alumnos. En educación secundaria, disminuye hasta el 5,3%. A medida que avanzan los cursos y, por lo tanto, la edad, también cae el número de estudiantes que reconocen ser víctimas de acoso escolar. En relación al género, en secundaria hay más chicas víctimas de acoso escolar que chicos (5,8 contra 4,8) mientras que en Primaria no hay diferencias significativas.

En cuanto a las cifras de acosadores, el porcentaje de chicos que se reconoce como acosador (2,6%) es bastante más elevado que el de las chicas (1,4%). Por etapas, son un 2,4% frente a un 1,4% en primaria y un 2,7% frente al 1,4% en secundaria.

Salud mental e intentos de quitarse la vida

Uno de los puntos más novedosos de la investigación es el análisis de las relaciones entre el acoso escolar y el ciberacoso con la salud mental, y en concreto, con las conductas autolesivas y el riesgo de suicidio. Las cifras son muy preocupantes: el 20,4% de las víctimas y el 16,8% de los acosadores declaran haber intentado quitarse la vida alguna vez, en el caso de acoso escolar presencial. En el caso del ciberacoso, han reconocido haber intentado quitarse la vida el 21,1% de las víctimas y el 24,9% de los acosadores.

Además, las víctimas y acosadores incurren con más frecuencia en otro tipo de conductas autolesivas (como cortarse, quemarse o golpearse a propósito) que aquellos no involucrados, teniendo el ciberacoso una fuerte asociación con estas conductas, tanto para las víctimas como para los acosadores.

Para María José Díaz-Aguado, directora de la investigación y de la Unidad de Psicología Preventiva de la Universidad Complutense de Madrid, “es necesaria una respuesta integral desde las escuelas y la sociedad para prevenir el suicidio vinculado al bullying”. “Es clave”, agrega, “aportar atención prioritaria a las víctimas, ayudándolas a mitigar las secuelas y acompañándolas durante todo el proceso, y, en paralelo, fortalecer las medidas de apoyo para quienes ejercen violencia, abordando sus dificultades socioemocionales que incrementan el riesgo de daño a otros o a sí mismos. Solo así podremos garantizar el bienestar de todo el alumnado”.

Ciberbullying: el hostigamiento no termina en el aula

En cuanto al ciberacoso, se ha observado como el 10,7% del alumnado reconoce haber sufrido como víctima una situación de maltrato entre iguales a través de dispositivos digitales, que podría derivar en ciberacoso. En este punto, lo sufren más las chicas (12,7%) que los chicos (8,7%).

Por otra parte, en cuanto a quiénes realizaron ciberacoso, los chicos (5%) reconocen participar en situaciones de ciberacoso con mayor frecuencia que las chicas (3,6%). A nivel del total del alumnado de 5º de primaria a 4º de secundaria, el 4,4% reconoce haber participado, en los dos últimos meses, en alguna situación de ciberacoso con una frecuencia de mínimo 2 o 3 veces al mes. De acuerdo con estas cifras significa que hay en nuestro país 1 ciberacosador por aula (estimando 28 alumnos por aula), y 134.448 alumnos de estas etapas educativas que reconocen haber ejercido este tipo de violencia con la periodicidad mencionada (dos o tres veces al mes en los últimos dos meses).

Los datos también muestran que los centros educativos avanzan en la sensibilización en la temática e imparten formaciones de prevención. Casi el 80% de los estudiantes recuerda haber trabajado en su centro educativo la prevención del acoso y qué hacer para detenerlo. Entre los que no recuerdan dicho trabajo, el 7,9% se reconoce víctima y el 2,8% como acosador/a; cifras que bajan al 5,6% y al 1,7%, respectivamente, entre quienes recuerdan haber trabajado en el centro contra el acoso.

Más ciberacoso

Más allá de este informe, que coincide básicamente con otros anteriores en el mapeo de la situación y el diagnóstico, los datos más recientes señalan que, aunque el acoso presencial se mantiene en niveles parecidos a cursos anteriores, el ciberacoso es la forma que más está creciendo y está influyendo en un repunte global de la problemática durante el último año.

Un estudio reciente elaborado por las fundaciones ANAR y Mutua Madrileña muestra que aproximadamente el 12,3 % del alumnado ha sufrido o conoce casos de acoso escolar y/o ciberbullying, que el acoso presencial frecuente se sitúa en torno al 6,5 % y que el ciberacoso ha aumentado notablemente —los casos mixtos (presencial + digital) se han duplicado en el último curso—; además, el informe alerta sobre el uso de herramientas tecnológicas (incluida la generación de contenidos con inteligencia artificial) en un número creciente de incidentes.

Esa tendencia al alza del ciberacoso tiene efectos concretos sobre la duración y la intensidad de los episodios: según el mismo informe, más del 28 % del alumnado percibe que una situación de acoso presencial dura más de un año, lo que revela que muchos casos no se resuelven con rapidez y que los procesos de denuncia o intervención no siempre frenan la continuidad del daño. Esta persistencia agrava el impacto emocional y escolar de las víctimas —baja autoestima, problemas de salud mental, absentismo y, en casos extremos, intentos de autolesión o aislamiento social—, tal y como recogen ONGs y asociaciones pediátricas que trabajan con menores.

En cuanto a la dimensión de las denuncias o registros oficiales, existe una brecha importante entre la prevalencia que señalan las encuestas y el número real de denuncias formales o sanciones: organizaciones que llevan años estudiando el fenómeno advierten que muchos casos jamás llegan a registrarse en un cauce formal (inspección educativa, policía, fiscalía) y que una gran cantidad queda dentro de la comunidad escolar sin documentación oficial.

Esa “punta del iceberg” que muestran las cifras oficiales explica por qué asociaciones como AEPae han denunciado que hasta nueve de cada diez casos pueden quedar sin respuesta institucional eficaz. Esa impunidad percibida, y real en muchos centros, influye en la decisión de los afectados y de sus familias de no denunciar.

A nivel territorial, la foto es heterogénea: aunque los estudios nacionales ofrecen porcentajes promedio, los casos que llegan a la prensa suelen concentrarse en episodios especialmente graves o en denuncias que ponen de relieve fallos de protocolos locales. En las últimas semanas y meses ha habido episodios que han reabierto el debate público, por ejemplo, asociaciones de madres y padres en Galicia alertando sobre el trato «no pueden minimizarse como cosas de niños» tras casos locales que han provocado movilización, lo que confirma que la sensibilidad social y la presión pública siguen jugando un papel clave para que los centros y las administraciones actúen.

Las víctimas y los patrones de riesgo no son uniforme: los informes señalan que hay diferencias por edad (el grupo 11–12 años concentra muchos casos mixtos), por género (en algunos estudios hay mayor proporción de chicas en situaciones mixtas o de ciberacoso) y por condición de vulnerabilidad (alumnado migrante o con necesidades educativas especiales suele presentar tasas superiores de victimización). Además, la coexistencia de acoso presencial y digital (el “doble” acoso) tiende a darse más en secundaria que en primaria, con peores consecuencias a largo plazo. Estas heterogeneidades requieren respuestas diferenciadas y políticas de prevención adaptadas al curso, al contexto y al perfil de la víctima/agresor.

Los alumnos no ayudan

Respecto a los denunciantes y la respuesta institucional, los estudios recientes subrayan una doble dificultad: por un lado, muchos docentes y equipos directivos afirman carecer de tiempo, recursos y formación específica para intervenir con eficacia; por otro, un porcentaje elevado del alumnado que conoce situaciones de acoso no actúa (no avisa a adultos ni denuncia), lo que perpetúa la normalización del silencio dentro de los grupos.

Las organizaciones que realizan formación y prevención piden más inversión en formación docente, protocolos claros, comisiones de convivencia con capacidad real de actuación y canales seguros y confidenciales para que el alumnado pueda denunciar sin miedo a represalias.

En términos jurídicos y de políticas públicas, existen instrumentos institucionales a distintos niveles: desde los protocolos autonómicos y los planes de convivencia de centros hasta órganos estatales como el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, cuyo cometido es recabar información, hacer diagnósticos y proponer medidas. Sin embargo, las ONG y asociaciones alertan de que la existencia de protocolos no garantiza su correcta aplicación; la distancia entre normativa y práctica es una de las claves por las que muchos casos no acaban con sanción ni con medidas restauradoras eficaces.

Para muchos expertos, la respuesta debe combinar prevención escolar, intervención inmediata, reparación a la víctima y medidas restauradoras sobre el agresor, además de coordinación con servicios sociales y sanitarios.

Apenas se conocen casos de acoso escolar

Los canales judiciales y policiales también se emplean en casos concretos, sobre todo cuando hay violencia física o delitos graves (coacciones, agresiones, amenazas, delitos contra la intimidad por difusión de imágenes). No obstante, los datos y estudios disponibles muestran que la mayoría de los episodios leves o moderados se resuelven (o no) dentro del propio centro o entre las familias, y no pasan a formar parte de estadísticas judiciales, con lo que las cifras públicas de denuncias penales no reflejan la escala real del problema escolar. Por eso las estadísticas que miden “conocimiento” o “sufrimiento” en encuestas escolares son fundamentales para obtener una imagen completa.

En cuanto a la evolución durante lo que va de año, las señales principales que aparecen en la información pública son: estabilidad relativa del acoso presencial frecuente; incremento del ciberacoso y de los casos mixtos; mayor presencia de factores tecnológicos (uso de apps, creación de contenidos manipulados y, en algunos casos, utilización de herramientas de IA); y una mayor visibilidad mediática de episodios que ponen en evidencia fallos en la actuación de centros o administraciones. Estas tendencias hacen que las iniciativas de prevención digital (controles parentales, formación en uso responsable, protocolos específicos de ciberacoso) hayan subido en prioridad en la agenda pública.

Las consecuencias educativas y sociales permanecen como uno de los aspectos más preocupantes: el acoso está correlacionado con absentismo, abandono escolar y peor rendimiento académico, y muchas víctimas presentan secuelas emocionales y de salud mental que requieren seguimiento profesional. Diversas asociaciones sanitarias y pediátricas insisten en la necesidad de coordinar escuelas y servicios de salud mental para detectar de forma temprana los efectos psicosomáticos y ofrecer atención. Además, la reciprocidad (familias, docentes, compañeros) y el apoyo del grupo escolar se muestran como factores protectores claros: cuando el grupo social interviene de forma activa, la probabilidad de que el acoso persista disminuye.

Casos recientes conocidos

En el Colegio Suizo de Madrid una familia denunció al centro por no haber actuado ante un caso de acoso que sufría su hijo durante dos años. En el Colegio Monterrey de Vigo (Vigo, Galicia) se ha sancionado a cinco alumnos de sexto de Primaria tras una denuncia de acoso a una niña de 5 años, mientras que en el Colegio Irlandesas de Loreto (Sevilla) la familia de una alumna que acabo suicidándose denunció que el centro no activó adecuadamente los protocolos tras varias denuncias de acoso escolar. Otro caso reciente ha sido el de la Escuela Europea de Alicante, con una sentencia por negligencia del centro en un caso de acoso escolar.

En el CPI Cova Terreña — Baiona (Pontevedra, Galicia) tuvo lugar una investigación de la Guardia Civil por presunto acoso escolar tras denuncia y aparición de pintadas en el centro; en tanto que en el Institut Canigó — Almacelles (Lleida), una familia denunció que su hijo sufrió acoso y, tras el suicidio del menor en julio, los Mossos y la Fiscalía recabaron información.

Fuente: https://exitoeducativo.net/1-de-cada-3-victimas-de-bullying-guardan-silencio-por-miedo-en-un-pais-donde-la-mayoria-de-centros-evita-publicitar-los-casos/