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Por Silvia Rodríguez

El aumento de separaciones y divorcios ha llevado al aula tensiones familiares que van más allá de lo educativo. Varios expertos nos han explicado cómo deben actuar docentes y equipos directivos para proteger al menor y mantener la neutralidad del centro sin asumir roles que no les corresponden.

Las rupturas de pareja han aumentado de forma significativa en España en las últimas décadas. Desde principios de este siglo, el número de divorcios se ha incrementado un 120%, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Este cambio, unido a la progresiva normalización social del divorcio, ha dado lugar a nuevas realidades familiares que también llegan al ámbito escolar.

En este contexto, los docentes se encuentran en una posición especialmente delicada: más allá de su función pedagógica, se ven obligados a gestionar en demasiadas ocasiones situaciones complejas en las que las tensiones familiares impactan directamente en el bienestar y el aprendizaje del alumnado. 

Conflictos familiares en el ámbito escolar

Entre los conflictos más habituales que se producen entre padres separados y que influyen en el ámbito escolar destacan, según Juan Carlos López, presidente nacional de la Asociación de Padres de Familia Separados, el bloqueo de la información –cuando un progenitor centraliza toda la comunicación con el centro–;la toma unilateral de decisiones relevantes, como cambios de actividades o del centro educativo; o las contradicciones educativas entre ambos hogares, que generan confusión y dificultan la rutina del menor. 

Ante esta realidad, muchos centros educativos han dado pasos para garantizar el derecho de ambos progenitores a participar en la vida escolar de sus hijos. “Se han incorporado plataformas digitales y se han duplicado las comunicaciones y protocolos más abiertos que facilitan el acceso a la información y la participación de ambos padres”, afirma López. Sin embargo, en la práctica todavía existen colegios que operan con esquemas antiguos o adoptan una postura defensiva y burocrática ante el aumento de la conflictividad judicial en materia de familia: “Evitan implicarse y esto puede dejar desprotegido al menor”, advierte. 

La situación se agrava en los casos de alta conflictividad, donde el alumno queda en medio del enfrentamiento entre sus padres o en entornos familiares que afectan directamente a su bienestar y desarrollo. A esto se suma que el profesorado no siempre cuenta con la formación necesaria para afrontar estas situaciones con seguridad. “No se trata de convertir a los docentes en juristas, sino de dotarles de protocolos claros, formación básica y respaldo institucional”, señala.  

El papel del profesorado

La falta de formación específica y la dificultad para mantener la neutralidad pueden generar desconfianza en las familias e, incluso, problemas legales si la situación se gestiona de forma inadecuada. Por ello, la psicóloga Bárbara Zorilla Pantoja (miembro de Top Doctors) recomienda que los docentes no asuman el papel de mediadores: “Lo fundamental es que mantengan sus límites profesionales y actúen de forma coordinada, realizando las derivaciones necesarias”. 

No obstante, dado el impacto cognitivo, emocional y social que los conflictos pueden tener en los menores –y teniendo en cuenta que el colegio es un entorno privilegiado para detectarlos–, es importante que el profesorado esté atento a posibles señales de alerta. 

Aunque no existe un único indicador, sí hay patrones que pueden alertar de que un alumno atraviesa una situación familiar compleja: cambios en el comportamiento, aislamiento, necesidad excesiva de control, somatizaciones, bajadas de rendimiento, dificultades de concentración y conflictos frecuentes con compañeros o figuras de autoridad. 

Ante estos indicios, Zorilla recomienda seguir los siguientes pasos.

• Mostrarse disponible para escuchar y acompañar sin juzgar. 
• Crear un espacio seguro y trabajar siempre en materia de prevención. 
• Conocer y activar los protocolos e informar al equipo correspondiente. 
• Derivar a los servicios adecuados y coordinarse con ellos.

Comunicación y protocolos en los centros educativos

Los expertos consultados coinciden en que, cuando se trata de comunicar situaciones sensibles a las familias, no solo importa el contenido, sino también la forma. Antes de cualquier reunión, el equipo docente debe preparar la comunicación, definir objetivos claros y basarse en hechos concretos y observables. Durante el encuentro, el enfoque debe ser colaborativo: evitar juicios o tonos acusatorios, mantener una escucha activa, respetar el ritmo de la familia y validar sin invadir. Al finalizar, es recomendable recoger por escrito un resumen con acuerdos concretos y realistas y, siempre que sea necesario, pautas comunes, derivaciones a otros recursos o un seguimiento definido.

Además, los especialistas sugieren que los equipos directivos garanticen que el centro actúe conforme a la legalidad y desde una posición de neutralidad. Para ello, es clave establecer protocolos claros de actuación que regulen, entre otros aspectos, cómo se convocan las tutorías, cómo se gestionan las autorizaciones, qué documentación debe aportarse y cómo se actúa ante discrepancias entre progenitores. El objetivo es evitar la improvisación, unificar criterios y, sobre todo, proteger al menor dentro del entorno escolar, evitando que quede expuesto al conflicto y asegurando que el centro siga siendo un espacio seguro y estable. Cuando existan indicios de riesgo moderado o grave, la intervención debe canalizarse siempre por la vía institucional, activando los protocolos correspondientes y priorizando la seguridad del alumnado.

Fuente: https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/conflictos-padres-separados-colegio/