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Por Luis Manuel Tolmos

Australia prohibió las redes sociales a menores y situó la responsabilidad en las plataformas; España sigue ese modelo, pero incorpora de forma expresa a las familias en el eje de corresponsabilidad.

Mientras que la verificación de la edad recae legal y técnicamente sobre las plataformas digitales, el nuevo enfoque exige la implicación activa de progenitores y tutores legales mediante el consentimiento y la supervisión, en paralelo al papel de los colegios, centrado en la formación, la prevención y el bienestar del alumnado. El anuncio del presidente del Gobierno sobre la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años, junto con el refuerzo de la responsabilidad de las plataformas digitales por la amplificación de contenidos ilícitos, introduce un cambio relevante en el marco de protección de la infancia. En el ámbito educativo, esta iniciativa obliga a revisar el tratamiento del acoso escolar y del ciberacoso desde una perspectiva jurídica, preventiva e institucional, en un contexto marcado por la aparición de nuevas formas de hostigamiento vinculadas a tecnologías de generación de contenidos.

Australia no ha eliminado el acoso escolar, pero ha logrado acotar el daño, reducir la amplificación digital y devolver capacidad real de actuación a las instituciones educativas. Su experiencia demuestra que la prohibición por edad, cuando va acompañada de responsabilidad efectiva de las plataformas, no constituye una medida meramente declarativa.

Esto sitúa a España en una senda comparable. La cuestión, a partir de ahora, no es si los centros educativos deben intervenir o si tienen pantallas, de lo que se trata es del uso de “redes sociales” y de cómo deben hacerlo con seguridad jurídica en un entorno normativo más exigente, definiendo la responsabilidad de las familias.

¿Mayor seguridad jurídica para los centros educativos? El caso de Australia.

En España, en el VII Informe “La opinión de los/as estudiantes” (Fundación Mutua Madrileña y Fundación ANAR), que ilustra el aumento de casos de acoso escolar en 2024-2025: la prevalencia de bullying percibida subió del 9,4% al 12,3% del alumnado, impulsada principalmente por el auge del ciberacoso y nuevos métodos como el uso de IA para hostigar a las víctimas.

A pesar de la creciente sensibilización, el acoso escolar (bullying) sigue siendo una realidad preocupante en los centros educativos españoles. Diversos estudios recientes ofrecen una magnitud del problema.

Uno de los efectos más relevantes del modelo australiano ha sido la claridad normativa (https://classic.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/osa2021154/ ), que ha permitido reducir la incertidumbre en la actuación de los centros. En términos prácticos:

1. Los centros conocen con precisión qué deben prohibir, en particular el uso de redes sociales por menores en el ámbito escolar.
2. Saben qué deben documentar, especialmente los incidentes digitales con conexión directa a la convivencia escolar. Tienen criterios claros sobre cuándo y a quién deben escalar los casos (regulador, servicios sociales, autoridades competentes).

¿Esta delimitación reduce los conflictos con las familias y evita respuestas improvisadas o defensivas, reforzando una actuación preventiva, coherente y jurídicamente sostenible?

Límites y críticas del modelo australiano

El modelo australiano no ha estado exento de dificultades, que conviene tener en cuenta: los problemas técnicos iniciales en la implantación de sistemas de verificación de edad, por el debate sobre privacidad y protección de datos, especialmente en relación con el uso de tecnologías biométricas.

Pese a ello, el legislador australiano ha mantenido la línea regulatoria, introduciendo ajustes técnicos sin renunciar al objetivo principal: reducir la exposición temprana de los menores a entornos digitales de alto riesgo.

En España, las modalidades de acoso virtual están cobrando especial protagonismo entre los menores, ampliando el terreno del bullying fuera del aula tradicional. Las redes sociales, mensajería y videojuegos se han convertido en escenarios frecuentes de abuso: los menores señalan plataformas como WhatsApp (66%), Instagram (50-60%) y TikTok (aprox. 50%) entre los medios más utilizados para ejercer ciberacoso. En la educación Primaria destacan también los videojuegos online como vía de acoso digital, mientras que en Secundaria predominan WhatsApp e Instagram como canales de agresión. Un dato llamativo es que la inteligencia artificial (IA) ha irrumpido ya en este ámbito: se estima que un 14% de las situaciones de ciberacoso entre escolares implican el uso de herramientas de IA, empleadas para crear deepfakes (vídeos o fotos falsos) humillantes de la víctima o incluso para suplantar su identidad online. Esta tendencia emergente, más frecuente entre chicos que entre chicas, añade una nueva dimensión al problema, dificultando la detección del acoso y multiplicando el alcance del daño. De hecho, ya se han reportado casos en España en que la difusión de imágenes manipuladas de una alumna (aparentemente desnuda, generada con IA) desataron episodios graves de acoso en su centro. Autoridades y expertos alertan de que estas nuevas tecnologías permiten formas de crueldad antes impensables y agravan el impacto del ciberbullying en la salud mental de los menores.

El ciberacoso tiende además a prolongarse en el tiempo: más del 15% de los alumnos encuestados conocían situaciones de acoso online que llevaban más de un año ocurriendo, un fenómeno de larga duración que creció casi 6 puntos porcentuales en el último curso. Cabe destacar que muchos casos de acoso escolar combinan lo presencial con lo virtual; de hecho, haber sufrido bullying tradicional incrementa significativamente el riesgo de sufrir también maltrato digital, retroalimentando el problema. Por eso, cualquier estrategia efectiva debe abordar ambos frentes de forma integral.

Medidas vigentes: protocolos, leyes y programas de prevención

En los últimos años se han puesto en marcha diversas iniciativas normativas y educativas para combatir el acoso escolar, tanto desde la Administración central como por parte de las comunidades autónomas y los propios centros. Un avance clave en el marco legal fue la aprobación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia (LOPIVI, 2021) y la nueva Ley Educativa (LOMLOE, 2020), que introdujeron la figura del Coordinador/a de Bienestar y Protección en todos los colegios e institutos. Este profesional (generalmente un docente designado, aunque lo ideal sería un psicólogo profesional del centro en coordinación con los docentes) tiene la misión de liderar la prevención, detección y actuación frente a casos de violencia o acoso en el entorno escolar, sirviendo de enlace entre alumnado, familias, profesores y servicios externos de protección. La normativa exige que cada centro incorpore a este coordinador en su Plan de Convivencia escolar y defina claramente sus funciones. El Ministerio de Educación publicó en 2022 una guía con pautas para implantar esta figura, reconociendo que su éxito depende de dotarla de la formación y el tiempo necesarios para ejercer sus funciones eficazmente.

La aplicación real de la medida, sin embargo, ha sido desigual según las comunidades autónomas. Sindicatos docentes han observado que en algunos territorios la implementación fue rápida y regulada (Extremadura, por ejemplo, asignó este rol a los educadores sociales en institutos y a miembros del equipo directivo en Primaria), mientras que en otros (como Galicia) hubo retrasos o falta de perfil definido. En muchos centros, el coordinador de bienestar asumió el cargo con escasa capacitación específica y compatibilizándolo con labores docentes habituales, lo que ha limitado de momento su alcance. Organizaciones como Save the Children insisten en la necesidad de reforzar esta figura “al cien por cien”, garantizando que en todos los centros exista un coordinador verdaderamente capacitado y con tiempo asignado para la protección del alumnado. Se trata de uno de los pilares de la estrategia institucional contra el bullying, por lo que su consolidación efectiva será crucial de cara a los próximos cursos.

Además de esta figura novedosa, los colegios e institutos llevan años contando con Protocolos de actuación frente al acoso escolar, generalmente establecidos por cada administración autonómica. Estos protocolos –que deben activarse ante cualquier denuncia o indicio de bullying– fijan un procedimiento de intervención: comunicación a la dirección y a las familias, investigación por parte de la inspección educativa, medidas cautelares de separación del agresor, apoyo psicopedagógico a la víctima, sanciones educativas, etc. Sin embargo, diversos expertos señalan que dichos protocolos en ocasiones fallan en la práctica, bien por burocratismo o lentitud (las investigaciones administrativas pueden dilatarse meses), bien por cierta opacidad al estar gestionados internamente por el propio centro. Esto ha llevado a colectivos de familias a reclamar una mayor supervisión externa y transparencia en la aplicación de los protocolos, para evitar que casos graves queden “tapados” o minimizados por escuelas preocupadas por su prestigio.

En paralelo, prácticamente todos los centros educativos de España disponen de un Plan de Convivencia que incluye acciones preventivas contra la violencia entre iguales. Más de la mitad de los colegios e institutos han implementado programas de mediación escolar (alumnos mediadores que ayudan a resolver conflictos) y aproximadamente un tercio cuenta con programas de alumno-ayudante, en los que estudiantes voluntarios reciben formación para detectar y apoyar a compañeros que pudieran estar sufriendo acoso. Estas iniciativas fomentan la implicación de los propios alumnos en la solución, promoviendo la empatía y la colaboración entre iguales para aislar al agresor en lugar de a la víctima. También son comunes las charlas formativas impartidas por fuerzas de seguridad (dentro del Plan Director de la Policía y Guardia Civil) sobre riesgos de internet, ciberacoso, respeto al diferente y otros temas de convivencia. Igualmente, desde 2016 está operativa la Línea telefónica gratuita 900 018 018 contra el acoso escolar, un servicio anónimo del Ministerio de Educación que atiende denuncias o consultas de alumnos, padres y docentes en toda España. En su primer año completo de funcionamiento llegó a gestionar más de 5.500 llamadas sobre posibles casos reales de acoso (además de consultas generales), y sigue siendo una herramienta de ayuda y orientación inmediata.

Cada comunidad autónoma ha desarrollado además sus propios proyectos y campañas. Por ejemplo, varias regiones (Madrid, Castilla y León, Galicia, entre otras) han optado por prohibir el uso de teléfonos móviles durante la jornada escolar, con el objetivo de reducir el ciberacoso y las distracciones. En la provincia de Pontevedra (Galicia), un instituto logró rebajar sensiblemente los casos de acoso y ciberacoso combinando la veta de móviles en el centro con la instalación de un “buzón naranja” donde los alumnos pueden reportar de forma anónima cualquier situación de acoso. Esta buena práctica ejemplifica cómo medidas concretas de control y canales confidenciales de denuncia pueden mejorar el clima escolar. Del mismo modo, algunas localidades cuentan con la figura del “agente tutor” (un policía de proximidad dedicado a temas escolares, sobre todo con fines educativos y preventivos para comunidades escolares tanto sostenidas con fondos públicos como privados) para dar seguimiento de asuntos relacionados con situaciones de menores en conflicto.

En el plano institucional, merece mención el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, órgano creado en 2007 pero reactivado en 2020 tras casi una década inactivo. En este Observatorio están representados el Ministerio de Educación, todas las CCAA, los principales sindicatos docentes, asociaciones de padres y alumnos, expertos y ONGs, con la misión de analizar la evolución de la convivencia y proponer mejoras. Fruto de este impulso, en 2023 el Ministerio presentó el I Estudio Estatal de Convivencia en Educación Primaria, con encuestas a más de 37.000 miembros de la comunidad educativa. Los resultados subrayaron el “buen clima general” en la mayoría de los centros, pero confirmaron que cerca del 10% de los alumnos de Primaria habían sentido en algún momento acoso por parte de compañeros y una proporción similar sufrió ciberacoso. El estudio detectó entre los docentes una importante demanda de formación específica para saber identificar y frenar estos casos a tiempo. Este hallazgo está en línea con las políticas anunciadas por el Ministerio, que ha incluido módulos de convivencia y bienestar en la formación permanente del profesorado y en los nuevos currículos de magisterio.

Los colegios: prevención y cultura de cero tolerancias

Directivos escolares, docentes, familias y administraciones deberán trabajar conjuntamente para dar respuesta a una problemática compleja que evoluciona con la sociedad. A continuación, se resumen los principales retos en el horizonte inmediato:

Evolución del ciberacoso y nuevas tecnologías: El entorno digital seguirá siendo el frente más dinámico del acoso. La rápida aparición de nuevas redes sociales, aplicaciones anónimas y herramientas de inteligencia artificial generativa plantea la necesidad de actualizar constantemente las estrategias de prevención. En 2024 ya vimos casos de ciberbullying que emplearon IA para crear contenidos denigrantes falsos, y es previsible que estas técnicas se extiendan. Formar al alumnado en un uso seguro y responsable de la tecnología, así como dotar a los centros de protocolos para monitorizar y responder ante el acoso online (dentro y fuera del horario escolar), será fundamental. También habrá que explorar medidas como herramientas de detección temprana en redes (p. ej. monitoreo de menciones de un centro o alumno) respetando la privacidad, y reforzar las campañas de sensibilización sobre ciberacoso entre adolescentes. El objetivo es que la escuela no termine cuando acaba la última clase, sino que su entorno seguro se extienda al mundo digital donde conviven los menores.

Formación del profesorado y del personal escolar: Muchos docentes todavía se sienten poco preparados para identificar y actuar ante situaciones de acoso, especialmente en sus manifestaciones menos visibles. De hecho, más de la mitad del profesorado (52%) considera que la falta de formación específica es una barrera en la intervención contra el bullying. En 2026 será imperativo consolidar la formación en convivencia en todos los niveles: desde la carrera universitaria de Magisterio y los Máster de profesorado, hasta la capacitación continua de docentes en activo (cursos, talleres, guías prácticas actualizadas). El personal no docente (monitores, entrenadores, personal de comedor) también debe recibir pautas, pues a menudo están presentes en espacios informales donde ocurren abusos. La figura del coordinador de bienestar puede liderar en cada centro la difusión de herramientas de detección precoz (indicadores de cambio de comportamiento en las víctimas, dinámicas de grupo tóxicas, etc.). Asimismo, conviene fomentar en los claustros una actitud proactiva: romper el tabú de “en mi clase eso no pasa” y animar a compartir casos y buenas prácticas entre docentes. El profesorado del siglo XXI, como señalan los expertos, ha de estar preparado no solo para enseñar materias, sino para ejercer una labor preventiva y de mediación social en el aula. Esto implica asumir nuevas responsabilidades, pero con el apoyo institucional adecuado, reduciendo otras cargas burocráticas para que puedan dedicar tiempo a la convivencia.

Implicación de las familias y del alumnado: El hogar y la comunidad inmediata del estudiante son piezas críticas para desactivar el bullying. En un elevado número de casos, la víctima no se atreve a contar en casa lo que le ocurre por temor o vergüenza (recordemos que un 38% de menores acosados guardan silencio, y en el ciberacoso el porcentaje sube al 55%). Es vital que los padres, madres o tutores estén atentos a las señales (cambios de humor, somatizaciones, aislamiento) y generen un clima de confianza donde el niño no tema “preocuparles”. Las administraciones y AMPAs podrían intensificar, como ya hacen muchos colegios, las escuelas de padres u ofertas formativas para familias, orientadas a manejar estas situaciones: cómo detectar indicios, cómo apoyar a un hijo víctima (o agresor) y cómo colaborar con el centro. La comunicación familia-escuela deberá ser más fluida y preventiva, no solo cuando el problema está ya enquistado. Igualmente, se busca empoderar a los estudiantes como agentes de cambio. Muchos jóvenes (especialmente en Secundaria) aún optan por no intervenir cuando ven a un compañero sufrir acoso: casi la mitad admite no hacer nada al ser testigo. Iniciativas de alumnos ayudantes, mediadores entre iguales y campañas promovidas por los propios adolescentes (por ejemplo, mediante teatros, vídeos de concienciación hechos por alumnos para alumnos) pueden potenciar una cultura de apoyo entre pares. En suma, romper la “ley del silencio” implica tanto que las víctimas hablen como que su entorno cercano (familia y amigos) valide sus testimonios y los canalice adecuadamente.

Infraestructuras críticas en el Colegio y en el Hogar. No se nos olvide que los contenidos discurren por la red a través de la wifi del colegio o del hogar (aunque los dispositivos llevan controles parentales, cuando están fuera de estas redes del hogar, en los colegios también se aplica un software de control de navegación de los dispositivos de aula, específicamente maquetados para educación, no para el ocio) y es por ello que las medidas de control informático evolucionan curso tras curso, así las cosas, existe actualmente sistemas de software que ayudan a los centros a prevenir y actuar en el control de acceso a los contenidos, por ejemplo, existen soluciones para toda la comunidad educativa (en el colegio y en el hogar) a través de tecnologías de ciberseguridad (si algún lector tiene interés, puede contactarme a través de mi perfil en linkedin para explicarles las bondades en soluciones tecnológicas de control parental y ciberseguridad para niños y adolescentes que implantamos en los colegios Brains International Schools), cuyo objetivo es permitir una colaboración entre padres y escuelas para mantener a los niños seguros en el entorno digital, independientemente de dónde estén. Para lograr esto, ya se ofrecen plataformas y herramientas diseñadas para ayudar a las escuelas a elevar el estándar de seguridad digital y bienestar estudiantil, y a los padres a gestionar y monitorizar la actividad en línea de sus hijos. En el hogar, existen ya soluciones y, para centros educativos hay otras propias que dan una solución integral dentro y fuera del colegio, que permite a las familias visualizar varios dispositivos desde un único panel de control y contribuye a evitar que los problemas relacionados con el uso de Internet que surgen en casa se trasladen a la clase, uniendo así escuela y hogar.

En definitiva, el bullying constituye un desafío multidimensional que requerirá esfuerzos sostenidos a medio plazo. España ha avanzado en su reconocimiento y abordaje, siguiendo el camino de Australia, pero como recordó la jefa de Psiquiatría Infantil del Hospital Niño Jesús, “el silencio es el mayor aliado del acoso”; romper ese silencio (que las víctimas hablen, que los testigos actúen y que las instituciones no miren a otro lado) es la tarea fundamental. Solo así, con toda la comunidad educativa unida, podrá avanzarse hacia el objetivo de una convivencia escolar segura y libre de violencia.

Fuentes consultadas: Ministerio de Educación y FP; Fundación ANAR – Fundación Mutua Madrileña; Fiscalía General del Estado; Universidad Complutense de Madrid (Fund. ColaCao); Defensor del Pueblo; Save the Children; UNESCO; medios especializados (Magisterio, Éxito Educativo). Guía de actuación contra el acoso escolar en centros educativos. (Subdirección general de inspección educativa. Consejería de Educación Comunidad de Madrid). Australia (Online Safety Act 2021, Enhancing Online Safety Act 2015, eSafety Commissioner (Australian Government), Age Assurance / Age Verification guidance), Unión Europea (Reglamento (UE) 2022/2065 – Digital Services Act (DSA), Reglamento (UE) 2016/679 – Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), Directiva (UE) 2018/1808 – Servicios de Comunicación Audiovisual, Estrategia Europea “A Better Internet for Kids (BIK+)) España (Anteproyecto / Proyecto de Ley Orgánica de protección de los menores en los entornos digitales, Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales)

Por Luis Tolmos Rodríguez-Piñero, director general de Brains International Schools.

Fuente: https://exitoeducativo.net/prohibicion-de-redes-a-menores-de-16-anos/