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Por José Luis Fernández

Imagen elaborada con IA de ChatGPT.

La decisión de países como Australia y Francia, y ahora el anuncio también por parte de España, de prohibir el acceso a las redes sociales a menores de edad ha reabierto en Europa, y en el resto del mundo, un debate profundo y complejo: cómo proteger la salud mental de niños y adolescentes en un entorno digital diseñado para captar atención, generar dependencia y amplificar riesgos.

Mientras algunos gobiernos optan por vetos legales directos, voces expertas del ámbito psicológico y científico advierten de que la solución no puede ser ni simple ni única. El desafío, coinciden, está en encontrar un equilibrio entre protección, educación y corresponsabilidad tecnológica.

La psicóloga Silvia Álava, en declaraciones a ÉXITO EDUCATIVO, sitúa el origen de este giro normativo en una creciente evidencia científica. “En diciembre, Australia nos sorprendió diciendo que las redes sociales estaban prohibidas para los menores de 16 años”, explica, subrayando un elemento clave del modelo australiano: “no multaban a las familias ni a los menores, sino que decían que eran las plataformas (…) las que estaban obligadas a impedir que los menores creasen o mantuviesen las cuentas”. Francia ha seguido ese camino, rebajando la edad límite a los 15 años, con una motivación clara: “lo que queremos es proteger la salud mental de la infancia”.

Un cerebro en construcción frente a plataformas diseñadas para enganchar

El argumento central de Álava se apoya en la neurociencia del desarrollo. “Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, es decir, de personitas cuyo cerebro está en formación”, recuerda. Esa condición los hace especialmente vulnerables a entornos digitales construidos para maximizar el tiempo de uso. “Cada vez tenemos una mayor evidencia del impacto que esto tiene, porque es un cerebro que es vulnerable y tenemos que protegerlo”.

La psicóloga apunta a estudios longitudinales que relacionan la edad temprana de acceso al móvil con un mayor riesgo de problemas emocionales. “Cuanto más temprana es la edad a la que se les da el móvil, esto correlaciona con tener más trastornos de salud mental, sobre todo ansiedad y estrés”, señala, citando especialmente el impacto en menores que reciben el dispositivo a partir de los once años. No se trata solo del teléfono, sino del universo que abre: “no es un dispositivo simplemente con el que llamar, sino que tiene abierto todo ese mundo de Internet y de redes sociales”.

Otro de los efectos señalados por Álava tiene que ver con la construcción de la identidad en la adolescencia. “Durante la adolescencia hay que formar la identidad”, explica, y ese proceso depende en gran medida del grupo de iguales. El problema, advierte, es que ese grupo ya no es solo físico: “también es el grupo que tengo en las redes sociales”. En ese entorno, los adolescentes quedan expuestos a una presión constante.

“Están tremendamente expuestos por toda esa presión y esos comentarios que muchas veces se reciben de forma desagradable”, lo que puede derivar en una menor autoestima y en una percepción distorsionada de uno mismo.

Frente al temor de muchas familias a que sus hijos queden aislados sin redes sociales, Álava es tajante: “esto no es así”. La clave, sostiene, es fomentar relaciones reales. “Se trata de que construyan amistades en carne y hueso”, vínculos donde exista empatía, escucha y contacto. En contraste, alerta, “en esas amistades de las redes sociales no está la empatía, no está la mirada del otro”, y lo que a menudo se recibe no es apoyo, sino mensajes que “afectan muchísimo a la autoestima”.

El sueño, una víctima silenciosa del abuso digital

El impacto del uso intensivo de redes sociales no se limita al plano emocional. “Estamos viendo que está afectando también a la calidad del sueño”, advierte Álava. La falta de descanso tiene consecuencias directas en el comportamiento y el aprendizaje.

“Niños y adolescentes están durmiendo muchísimo menos de lo necesario”, lo que se traduce en irritabilidad, dificultades de concentración y bajo rendimiento escolar. “Dormir es fundamental, sobre todo cuando tienes un cerebro que todavía está en desarrollo”, insiste.

La psicóloga recuerda que los metaanálisis confirman que incluso una sola noche de mal descanso altera el estado de ánimo. “Piensa lo que te pasa como adulto cuando duermes mal una noche”, plantea, antes de subrayar que en menores, cuya regulación emocional aún no está madura, el efecto es mucho mayor. De ahí la importancia, señala, de evitar la conexión nocturna y reducir una exposición que “multiplica los peligros potenciales de internet”.

Álava defiende que las leyes no deben cargar todo el peso sobre familias y escuelas. “En la ley australiana el peso no está solamente en las familias, sino que lo pone en la propia plataforma”, destaca. A su juicio, este enfoque es clave porque “el problema no es si internet es bueno o malo, sino cómo está hecha la plataforma, con ese scroll infinito diseñado para hackear la atención”. Un diseño que afecta incluso a adultos y cuyo impacto es aún mayor en cerebros en desarrollo.

La otra cara del debate: prohibir no basta

Desde una perspectiva diferente, la investigadora Aránzazu Basterra González, del Instituto de Investigación y Transferencia de la UNIR, cuestiona la eficacia real de las prohibiciones. “La reciente decisión de la Asamblea Nacional francesa nace de una preocupación legítima, pero desde una perspectiva científica esta medida resulta más simbólica que eficaz”, afirma. Para Basterra, el problema no es la intención, sino el enfoque: “Los vetos generalizados ofrecen una falsa sensación de control”.

La investigadora subraya que la vida adolescente es ya híbrida. “Lo digital y lo presencial no son mundos separados”, sino dimensiones entrelazadas de la socialización y la identidad. Por eso, advierte, “pretender aislarlos sin dotarlos de competencias equivale a retrasar un problema, no a resolverlo”.

Basterra pone el foco en la dificultad práctica de aplicar estas prohibiciones. “El control de la edad en las redes sociales es fácilmente evadible”, señala, recordando que en España más de la mitad del alumnado ya tiene móvil en Primaria y más del 90 % en Secundaria. “La mayoría de los menores ya está presente en varias redes sociales antes de la edad legal”, lo que convierte el veto en una herramienta de eficacia limitada.

Hacia una estrategia de bienestar digital

Lejos de imitar modelos extranjeros, Basterra propone un camino alternativo. “España tiene la oportunidad de liderar un enfoque más ambicioso: una estrategia de bienestar digital integral”, basada en educación, prevención y acompañamiento. La evidencia científica, explica, respalda la prevención multirriesgo, integrada en la acción tutorial. “Esto permite abordar de forma conjunta los riesgos de Internet y desarrollar competencias digitales, pensamiento crítico y autorregulación”.

La investigadora recuerda que ya existen programas eficaces en este ámbito. “En España existen programas multirriesgo que han mostrado ser eficaces”, como Safety.net o DOMINUS. En su opinión, proteger a la infancia no consiste en prohibir, sino en capacitar. “Un adolescente está mejor protegido cuando sabe identificar un riesgo y pedir ayuda”.

El choque entre ambas visiones no es una contradicción, sino el reflejo de un debate necesario. Mientras Álava enfatiza la urgencia de retrasar el acceso para proteger cerebros en desarrollo y responsabilizar a las plataformas, Basterra insiste en que sin educación digital profunda, las prohibiciones corren el riesgo de quedarse en gestos políticos. Ambas coinciden, sin embargo, en un punto esencial: la salud mental de la infancia exige respuestas estructurales, basadas en evidencia, y una implicación real de familias, escuelas, instituciones y empresas tecnológicas.

En un contexto en el que Europa empieza a legislar sobre el acceso de los menores a las redes sociales, la pregunta ya no es solo si prohibir o no, sino cómo construir un ecosistema digital que no sacrifique el desarrollo emocional de una generación entera.

En este sentido, desde el ámbito académico y criminológico, la medida es observada con atención, pero también con cautela. Así lo expresa Abel González, director del Departamento de Criminología de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), quien, en declaraciones a ÉXITO EDUCATIVO, considera que la iniciativa parte de un diagnóstico acertado, aunque adolece de importantes carencias estructurales.

“Lo primero, que es un problema social, eso está claro, y es un problema importante o interesante desde el punto de vista criminológico lo que se pretende prevenir”, señala González, subrayando que la preocupación institucional por los efectos del entorno digital sobre los menores está plenamente justificada. En su análisis, los riesgos asociados al uso intensivo de redes sociales van más allá de la simple exposición a contenidos inapropiados y se extienden a ámbitos como la salud mental, la victimización digital y la propia lógica de funcionamiento de las plataformas.

El criminólogo alerta de que el ecosistema digital actual no se limita a las redes sociales tradicionales. “Tenemos ya chatbots en los que se ha producido incluso algún suicidio por parte de adolescentes”, advierte, introduciendo un elemento clave en el debate: el impacto de la inteligencia artificial conversacional sobre menores de edad. A su juicio, cualquier regulación que se limite exclusivamente a las redes sociales resulta incompleta si no aborda también “el uso de estos chatbots por parte de menores de 15 o 16 años”, dado que forman parte ya del mismo entorno de riesgo.

González reconoce que la iniciativa francesa responde a una inquietud compartida por muchos gobiernos. “Es legítimo, porque además todos los gobiernos están preocupados precisamente por el acceso ilimitado a redes sociales por parte de los chavales, o por el acceso ilimitado a contenidos que no deben”, afirma. Sin embargo, el experto pone el foco en la diferencia entre reconocer el problema y aplicar soluciones eficaces para prevenirlo.

Desde una perspectiva criminológica, el director del Departamento de Criminología de la UDIMA advierte de los efectos indeseados que puede generar una prohibición mal diseñada. “Creo que es legítimo, pero insuficiente”, resume, antes de enumerar los riesgos principales: “Se puede producir un desplazamiento de los comportamientos, está claro que la prohibición se puede saltar, y más en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de Internet”.

Este desplazamiento, explica, puede derivar en la normalización del incumplimiento de la norma, un fenómeno especialmente problemático en edades tempranas. “Se puede normalizar el incumplimiento, que es algo que además atrae a los menores”, apunta, alertando de que la prohibición, lejos de disuadir, puede reforzar conductas de desafío o acceso clandestino a plataformas digitales.

Otro de los aspectos más críticos señalados por González es el impacto desigual que este tipo de medidas puede tener en función del contexto socioeconómico. “Puede incrementarse la desigualdad y la brecha digital”, sostiene, explicando que los menores con mayor supervisión familiar, más recursos económicos o mayor formación parental estarán mejor protegidos, mientras que otros quedarán más expuestos. “Aquellos chavales que estén más protegidos porque sus padres estén más preocupados, tengan más formación o más dinero, frente al resto”, resume, evidenciando un riesgo de exclusión y desprotección adicional.

Para el criminólogo, el foco de la regulación debería desplazarse desde los usuarios hacia las estructuras que sostienen el sistema digital. “Aquí lo importante es conocer cómo funcionan las redes sociales y a quién benefician, y regularlo desde ahí”, afirma, defendiendo que “regularlo desde las empresas sería lo más importante, más que la simple prohibición”.

En este sentido, González insiste en que la clave no es renunciar a la regulación, sino diseñarla con rigor y respaldo empírico. “El problema no es regular, sino regular mal”, subraya, reclamando un enfoque integral que combine control institucional, responsabilidad empresarial y prevención educativa. “Hay que regular las plataformas, hay que prevenir educativamente, basándonos en la evidencia, y también tiene que existir esa corresponsabilidad institucional”, concluye.

Las reflexiones del director del Departamento de Criminología de la UDIMA ponen de relieve que la prohibición francesa, aunque bienintencionada, plantea interrogantes de fondo sobre cómo proteger realmente a los menores en un entorno digital cada vez más complejo. Un debate que, más allá de las fronteras francesas, interpela directamente a otros países europeos, entre ellos España, donde la discusión sobre el bienestar digital infantil sigue abierta.

Fuente: https://exitoeducativo.net/prohibir-o-educar-el-debate-mundial-sobre-las-rrss-y-la-salud-mental-de-los-menores/