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Por Akemi Matsubara

La lectura dominante de los resultados confunde desigualdad estructural con mérito individual. La discusión de fondo no es mejorar la prueba, sino terminar con la selección y avanzar hacia el acceso irrestricto y el fortalecimiento real de la educación pública.

Con la publicación de los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2025, se vuelve a instalar una lectura ya conocida: medir el estado de la educación chilena a partir de rankings, puntajes nacionales y listados de “los mejores colegios”. Esta forma de interpretar los resultados no es neutral ni mucho menos inocente. Es parte del mismo dispositivo que transforma una prueba de selección universitaria en un supuesto diagnóstico educativo, confundiendo desigualdad estructural con mérito individual y naturalizando la segregación como si fuera sinónimo de calidad.

Lejos de tratarse de un fenómeno nuevo, esta lógica se repite año tras año y ha atravesado todas las “transformaciones” del sistema de admisión: desde la PSU, pasando por la PDT, hasta la actual PAES. Cambian los formatos, los discursos oficiales y los ajustes técnicos, pero el mecanismo de fondo permanece intacto: el acceso a la educación superior en Chile sigue estando profundamente determinado por el origen social.

De la PSU a la PAES: La continuidad de la selección

Cada vez que salen los resultados de la PAES nos cuentan la misma mentira: que los puntajes hablan de talento y esfuerzo. No hablan de eso. Hablan de plata, de selección previa y de un sistema que reparte oportunidades según tu estatus económico. Tanto la PSU como la PDT y hoy la PAES han funcionado en los hechos como mecanismos de selección social, más que como herramientas pedagógicas. No miden talento ni esfuerzo individual, sino el acceso previo a condiciones materiales profundamente desiguales: estabilidad económica, acceso a la cultura, jornadas escolares completas, preparación pagada a través de preuniversitarios y ausencia de precariedad.

Esta crítica fue tomada por el movimiento estudiantil secundario y universitario, y explotó con fuerza en 2019. Cuando se boicoteó la PSU, lo que se estaba diciendo era simple y brutal: esta prueba no mide inteligencia, mide privilegios.

La PAES se vendió como una superación de las pruebas anteriores. No obstante, los resultados vuelven a demostrar que cuando no se transforman las condiciones materiales de la educación pública, ningún rediseño técnico puede revertir la desigualdad.

Las políticas implementadas mitigaron algunas de las expresiones más brutales de la segregación, particularmente con la eliminación de la selección en la educación escolar y la implementación del Sistema de Admisión Escolar, pero no tocaron sus bases profundas. En ese sentido, hablar de reformas “cosméticas” no implica desconocer avances, sino señalar que estos fueron insuficientes para alterar un modelo diseñado para producir desigualdad y profundamente neoliberal.

Las reformas que no terminaron con el mercado

Las reformas educativas de las últimas décadas no buscaron terminar con el mercado educativo. Buscaron administrarlo. Los gobiernos de la ex Concertación, especialmente los de Michelle Bachelet, intentaron limitar algunos abusos y reducir ciertas expresiones de la segregación, pero sin tocar los pilares del modelo (competencia y voucher)

El problema de fondo es que la educación en Chile sigue organizada como un sistema de subsidios a la demanda, en vez de que el Estado garantice condiciones estructurales en la educación para todas las comunidades escolares. En este marco, la educación pública no es prioridad, sino que es un actor más obligado a competir en el mercado.

Las reformas recientes, incluidas la “desmunicipalización” vía SLEP o los cambios al sistema de admisión universitaria, no rompieron con esta lógica. Por el contrario, convivieron con ella, manteniendo el financiamiento por voucher y la idea de que la “calidad” se expresa en rankings, puntajes y competencia.

Liberar la educación del mercado implicaría algo distinto: avanzar hacia un financiamiento basal integral, estable y suficiente para la educación pública; terminar con la lógica de subsidios individualizados; y reconocer a las comunidades educativas como sujetos centrales de la política educativa, no como unidades de gestión dentro de un mercado escolar.

Rankings, puntajes y la trampa del diagnóstico

Tras la PAES 2025, la prensa volvió a insistir en lo mismo: los puntajes altos se concentran en colegios privados, mientras los públicos “quedan atrás”. Pero convertir ese dato en una prueba del fracaso de la educación pública es aceptar las reglas del mercado educativo sin cuestionarlas.

Que un colegio privado concentre puntajes altos no prueba mayor calidad educativa. Prueba mayor capacidad de seleccionar, excluir y cobrar. Y que los establecimientos públicos no concentren la mayoría de los puntajes nacionales no significa ausencia de estudiantes con alto rendimiento, sino que se educan en condiciones estructuralmente distintas, que los rankings se encargan de ocultar.

La educación pública no “carece” de buenos resultados, sino que no los concentra artificialmente. El sector privado, en cambio, agrupa altos puntajes a partir de mecanismos de selección previa, copago y exclusión, que luego son presentados como excelencia educativa.

Hay cosas que los rankings nunca muestran. Por ejemplo, la composición social de la matrícula. En la última década, la educación pública ha asumido mayoritariamente la escolarización de estudiantes migrantes, muchos con trayectorias educativas interrumpidas, diferencias curriculares y barreras idiomáticas que inciden directamente en pruebas estandarizadas como la PAES.

Tampoco muestran cómo funcionan los colegios por dentro. Comparan promedios sin decir cuántos estudiantes hay por curso, cuántos cursos rinden la prueba o el tamaño real de la matrícula. No es lo mismo educar a un curso de 20 estudiantes que a cursos de 40 o más. No es lo mismo trabajar con dos cursos homogéneos que con liceos públicos que concentran cuatro o cinco cursos por nivel, con realidades sociales muy distintas.

Aun así, los datos contradicen el relato dominante. Del total de estudiantes que integran el 10% superior de los resultados, el 50,5% proviene de más de 1.600 establecimientos públicos. Los mejores puntajes no están monopolizados por los colegios privados de élite. A pesar de que la prensa busca instalar el relato de la caída de los emblemáticos con el Instituto Nacional, la realidad es que este establecimiento público aportó al 10% superior con 89 estudiantes, mientras el Saint George con 142 estudiantes, aún cuando quienes rindieron la PAES en la institución privada fueron solo 187, mientras que en el IN casi 400 alumnos.

La convivencia escolar y los liceos públicos que no “rinden”

Reducir el debate a la violencia en los liceos es desplazar la responsabilidad desde el Estado y el modelo educativo hacia los propios estudiantes y sus comunidades.

Sin embargo, los datos son elocuentes: incluso en contextos de relativa “normalidad” institucional, la educación pública no compite en igualdad de condiciones con el sector privado. La pregunta de fondo no es cómo controlar a los liceos, sino por qué el Estado sigue sosteniendo un sistema educativo que selecciona por clase social y luego culpa a las comunidades educativas por los resultados.
Año a año no sólo se pone el acento en que los liceos públicos “no rinden”, que están atravesados por contextos de violencia, que los “emblemáticos” dejaron de serlo. Con este discurso se busca fomentar una lógica mercantil, donde elegir un colegio es lo mismo que buscar otro servicio dentro del mercado. Es decir, se busca poner el “éxito” de los privados y el “fracaso” de lo público.

Más allá de la prueba: acceso irrestricto y derecho a la educación

La discusión de fondo no es cómo perfeccionar la PAES ni cómo lograr una distribución más “equilibrada” de los puntajes dentro de un sistema que sigue siendo excluyente. El problema es que la prueba existe como mecanismo de selección. Cambiar el nombre de la prueba o retocar contenidos (como ocurrió con la transición PSU, PDT, PAES) poco altera la realidad de fondo: las mejores oportunidades siguen siendo para quienes tienen más recursos, no para quienes tienen más capacidades.

La verdadera discusión debe apuntar a las raíces del problema:

• Eliminar cualquier filtro de clase para el acceso a la educación superior, garantizando que ningún joven quede fuera por no rendir un examen, ni por su puntaje, ni por su origen social. Luchar por acceso sin condiciones a la educación superior.
• Acabar con el sistema voucher y avanzar hacia un sistema de financiamiento público basal que no dependa de la capacidad de pago de estudiantes o sus familias, sino de aportes basales del Estado.
• Fortalecer la educación pública desde los cimientos (infraestructura, condiciones laborales docentes, apoyo pedagógico y vinculación comunitaria, etc)

Quienes creemos en el derecho a la educación aspiramos a que ningún joven tenga que demostrar su mérito en una prueba para decidir su futuro, y a que el acceso a la educación superior sea irrestricto y efectivamente garantizado por el Estado.

Esto es aún más importante cuando el programa de José Antonio Kast busca reponer la selección y fortalecer a los empresarios de la educación. Tenemos que retomar la demanda histórica del movimiento estudiantil de acceso irrestricto a la universidad y educación gratuita mediante aportes basales, en unidad con otros sectores para poder enfrentar a la vez, el plan de recortes que quiere imponer Kast.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.cl/El-mito-sobre-el-fracaso-de-la-educacion-publica-y-el-exito-de-los-privados