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México, 22 de Noviembre de 2025, Por Agrupación Nuestra Clase, https://www.laizquierdadiario.com.ve

Niñas, niños y adolescentes merecen un libre desarrollo, libertad de expresión y espacios de construcción pedagógica. Las escuelas no pueden convertirse en espacios vigilados donde las y los maestros trabajemos bajo amenaza constante. ¿Debemos normalizar que nos filmen mientras enseñamos en nuestro lugar de trabajo? ¿Vamos a permitir que las infancias crezcan en aulas-prisión vigiladas de forma coercitiva?

La autoridades educativas de la CDMX, en sintonía con la política promovida por Mario Delgado, el SNTE y la AEFCM bajo la gestión de Luciano Concheiro, pretenden instalar cámaras de vigilancia dentro de las escuelas públicas bajo el supuesto de “fortalecer la seguridad escolar”.

Esta política se apoya en la reforma aprobada por el Congreso de la Ciudad de México en 2020, que permitió la instalación de cámaras conectadas al C5 en los centros escolares. Aunque originalmente se plantearon para el exterior de las escuelas, hoy el gobierno busca ampliar este esquema hacia el interior de los salones como parte de una estrategia de videovigilancia impulsada en los últimos años, incluyendo propuestas del llamado “Plan Ángel”.

Ahora, en el marco de la reciente represión y descuentos al magisterio democrático por exigir el fin de las pensiones privadas y volver al esquema de jubilaciones solidarias, esta medida represiva se suma a los descuentos masivos aplicados en la CDMX y otros estados, contra quienes participamos en las jornadas de mayo, junto con el aumento de la carga administrativa y del intento de aislar a las y los maestros combativos en las escuelas. Se trata de una estrategia para disciplinar, dividir y criminalizar al magisterio democrático y disidente de la CNTE.

La instalación de cámaras está en contradicción directa con los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), que plantea ambientes de aprendizaje democráticos, participativos, críticos y centrados en el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes, no como zonas de monitoreo policial o de vigilancia coercitiva permanente.

La guía operativa 2025-2026 tampoco exige la instalación de cámaras en los salones. Por el contrario, establece que la comunidad escolar es responsable del uso adecuado de los espacios y recursos, en un marco de corresponsabilidad, protección de datos y respeto a los derechos humanos. Imponer sistemas de videovigilancia por fuera de la comunidad escolar contradice estos principios y abre la puerta a mecanismos de control, que vulneran los derechos pedagógicos de niñas, niños y adolescentes y la autonomía profesional docente. Las aulas deben ser espacios de confianza, libertad y construcción colectiva, no lugares sometidos a la lógica del monitoreo permanente.

Colocar cámaras en las aulas marca un grave precedente de securitización en las escuelas, en sintonía con la creciente militarización que avanza en el país, profundizada por la subordinación del Estado mexicano a la agenda de seguridad de Estados Unidos. Lejos de atender los problemas reales de violencia en las escuelas, atenta contra los derechos de las niñas, niños y adolescentes y vulnera su derecho a la privacidad, la integridad emocional, la libre expresión e intimidad. Además, estas medidas refuerzan el aparato de vigilancia sobre trabajadoras, trabajadores y estudiantes, obstaculizando la organización democrática y vulnerando nuestros derechos laborales y sindicales.

¡Las cámaras no resuelven el problema de la seguridad, vienen a vigilar y controlar!

La instalación de cámaras también implica un jugoso negocio para empresas privadas, desviando recursos públicos que deberían destinarse a necesidades reales de las escuelas: mantenimiento escolar, instalación de computadoras, acceso irrestricto a internet en las aulas, materiales, mobiliario, comedores subsidiados, infraestructura básica, etc.

Mientras las escuelas carecen de lo mínimo como el acceso al agua, las autoridades quieren destinar recursos a un sistema de vigilancia que no mejorará la seguridad, pero sí fortalecerá la capacidad del Estado para supervisar, sancionar y/o perseguir a las y los docentes disidentes y de la CNTE.

Tomemos en cuenta el caso de las cámaras del C5 instaladas en toda la CDMX bajo el argumento de “fortalecer a la seguridad ciudadana”, que sin embargo, no mantienen relación directa con la disminución de asaltos, secuestros, desapariciones forzadas y feminicidios en la ciudad. Las cámaras no cuidan ni enseñan, sólo intimidan. Son herramientas usadas para los reclusorios que no deben ser utilizadas en las escuelas. Nuestros y nuestras estudiantes son adolescentes ¡no criminales!.

Directivos y supervisores usan una demanda muy sentida entre la comunidad como lo es la situación violencia, para decir que se está atendiendo con “más seguridad”. En muchos planteles, estas cámaras se están intentando instalar de forma antidemocrática, mediante reuniones fragmentadas, exclusión de sectores críticos y amenazas disfrazadas de “aplicar la guía operativa 2025-2026”. Esto ocurre con la completa complicidad de los charros del SNTE que no hacen nada ante el avance de la represión hacia el magisterio.

Mientras tanto, los problemas profundos de violencia del país continúan golpeando en nuestras aulas, porque recaen centralmente sobre las mayorías: jóvenes, mujeres, trabajadores y sectores populares quienes pagamos los costos de la militarización y las políticas de control con miles de desaparecidos, asesinados, feminicidios y juvenicidios.

Una nueva ofensiva contra el magisterio combativo

Frente a ello, las maestras y maestros democráticos de la CNTE en CDMX que venimos luchando contra la política neoliberal que continúa en las leyes estructurales del PRIAN, y exigiendo jubilaciones dignas, no podemos permitir que en ninguna escuela se instalen cámaras, ni que se utilicen recursos públicos para vigilarnos.

Las escuelas no requieren mecanismos de control sino: cañones en cada salón, computadoras en buen estado, acceso irrestricto a internet, mobiliario adecuado y suficiente, cortinas en cada ventana de todos los salones, impresoras y material didáctico, artículos de limpieza, consultorios médicos, psicológicos y profesionales de la salud en cada escuela, comedores subsidiados y de conjunto, condiciones dignas para enseñar y aprender.

No permitamos el avance de una lógica de “seguridad” basada en la vigilancia, el control individualizado, la punitivización y el fortalecimiento del aparato represivo; una estrategia que no resuelve de fondo los problemas pedagógicos en torno al rezago, la seguridad y violencia en las comunidades. Lo vemos a nivel nacional: mientras se militarizan territorios y escuelas, los resultados más visibles son miles de personas desaparecidas, feminicidios, juvenicidios, asesinatos de trabajadores y en general, un panorama de violencia que golpea principalmente a los sectores populares. Mientras tanto, los grupos militares y paramilitares siguen operando bajo el amparo del Estado y el poder político, y es el pueblo pobre y trabajador quien pagamos los costos de la militarización permanente.

Denunciar esta política no significa sumarse a la narrativa de la derecha y la ultraderecha que presentan a México como un “Narco-Estado” y buscan justificar la intervención directa de Estados Unidos; tampoco subordinarase a la estrategia de militarización del gobierno de Morena y la 4T. Ambos bandos le apuestan a reforzar los aparatos coercitivos del Estado en las escuelas y comunidades, con el objetivo de profundizar el control y la represión. Frente al avance de la violencia en las escuelas y el país, la salida no está en más militarización ni más injerencia de EEUU en territorio mexicano; tenemos que seguir fortaleciendo la organización independiente e internacionalista del pueblo trabajador, de las comunidades escolares, de docentes, estudiantes y sectores que luchamos por condiciones dignas y plenos derechos.

Aceptar la instalación de cámaras en CDMX Sería un golpe muy fuerte para la CNTE y el magisterio democrático, pues abriría la puerta a normalizar la vigilancia en el trabajo docente y convertir las escuelas en espacios controlados. Este precedente atentaría contra las libertades democráticas, sindicales, de reunión, participación política y organización colectiva, pilares esenciales para la vida educativa y la defensa de la educación pública.

Si bien en algunos planteles se ha logrado arrancar a las autoridades compromisos de que las cámaras no tendrán un uso laboral, esto no es plena garantía ni cambia su naturaleza cómo mecanismo de control. Incluso con promesas firmadas, lo correcto es rechazar cualquier medida de vigilancia que fortalezca a las autoridades y debilite la organización docente.

Es urgente que desde la CNTE convoquemos a todas las escuelas, colectivos docentes, madres y padres de familia, organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales a luchar contra estás medidas autoritarias. La crisis de violencia no se detiene con mayor vigilancia, esa política está demostrado que no funciona, denunciemos públicamente estas medidas y construyamos espacios de organización común desde las bases y las comunidades escolares.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com.ve/Camaras-en-aulas-imposicion-autoritaria-que-vulnera-derechos-de-infancias-y-del-magisterio